Nuevo informe de la ONU sobre Venezuela advierte: Sindicatos, periodistas y activistas son blanco de represión

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Nuevo informe de la ONU sobre Venezuela advierte: Sindicatos, periodistas y activistas son blanco de represión

Destacó que pese a la disminución de cifras, respecto a años anteriores, se han documentado numerosos casos de violaciones graves de derechos humanos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, presentó este miércoles su cuarto informe sobre Venezuela, en el que destacó que en el país se ha incrementado la represión contra dirigentes sindicales, periodistas y activistas, a través de la implementación de políticas estatales que buscan silenciar la oposición o crítica al régimen de Nicolás Maduro.

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"Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela", expresó Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

Concluyó que hay motivos razonables para creer que se cometieron al menos 5 privaciones arbitrarias de la vida, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias cometidas entre enero de 2020 y agosto de 2023. La Misión también documentó 28 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas detenidas, incluidos 19 casos de uso de violencia sexual y de género contra hombres y mujeres en el mismo periodo.

Destacó que pese a la disminución de cifras, respecto a años anteriores, se han documentado numerosos casos de violaciones graves de derechos humanos en contra de personas opositoras, o percibidas como tales.

"Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos. Recientemente, estos incidentes se han llevado a cabo de manera más selectiva contra determinadas personas de la sociedad civil, tales como dirigentes sindicales, periodistas y personas defensoras de derechos humanos", dijo.

Francisco Cox, experto de la Misión, detalló que el régimen venezolano ha implementado mecanismos duros y blandos para silenciar la disidencia social.

"Esto muestra la capacidad adaptación del Estado para sofocar la crítica", dijo.

"Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el Estado silencia y crea un efecto que amedrenta a cualquiera que se plantee participar en alguna acción que pueda percibirse como crítica al Gobierno", aseguró Patricia Tappatá Valdez, experta de la Misión.

Asimismo, la Misión Internacional destaca que se mantiene la falta de independencia de los poderes públicos.

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"La falta de independencia, y también la actuación deliberada de las instituciones judiciales y constitucionales coartan los movimientos de líderes sociales y dirigentes políticos. La dinámica en su conjunto asfixia y suprime el debate y la vida política".

La Misión documentó su participación de las FAES en detenciones arbitrarias de personas críticas al régimen, algunas de las cuales fueron objeto posteriormente de actos de tortura y malos tratos por parte de los servicios de inteligencia del Estado.

En su último informe oral al Consejo en marzo, la Misión señaló que había indicios de que, a pesar de su supuesta disolución en 2022, existía una continuidad entre las FAES y la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, creada en julio de 2022.

La DAET tiene funciones similares y actúa del mismo modo que las FAES. Además, de manera preocupante, la nueva Dirección cuenta en su cadena de mando con oficiales de las FAES y de otros cuerpos de seguridad que fueron identificados en el informe de la Misión de 2020 como involucrados en violaciones graves a los derechos humanos e incluso crímenes de lesa humanidad.

"La transformación de las FAES en la DAET es un mero cambio de nombre que evidencia la impunidad persistente y la continuidad de las violaciones graves a los derechos humanos". Dijo Valiñas.

"Es imperativo vigilar la actuación de la DAET para que no actúe en contravención con las obligaciones internacionales del Estado venezolano con respecto a la protección y respeto de los derechos humanos".

La Misión lamenta la falta de cooperación del régimen venezolano y continuará trabajando para promover la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas para los perpetradores.

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