ONG denuncia deportaciones de más de 500 migrantes, incluidos venezolanos, a África desde Estados Unidos
Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que Estados Unidos deportó a más de 500 migrantes a países africanos que no eran sus naciones de origen, entre los que se encuentran ciudadanos venezolanos, sin brindarles una oportunidad real de poder cuestionar su traslado.
Según un informe de 125 páginas, las expulsiones suceden entre enero de 2025 y agosto de 2026 como parte de la política del gobierno de Donald Trump para enviar a terceros países a personas las cuales no podían ser deportadas de forma directa a sus lugares de origen por los riesgos que enfrentaban. Los datos citados por HRW son provenientes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La organización documentó 24 casos por medio de entrevistas realizadas entre febrero y julio de 2026. Los migrantes fueron enviados a Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Esuatini y Sudán del Sur.
HRW aseguró que varios de los afectados recibieron poca o ninguna información acerca de su destino y, en ciertos casos, tuvieron menos de 24 horas para tratar de recurrir a la decisión o comunicarse con sus abogados. Igualmente denunció que algunos fueron detenidos al llegar y luego enviados a sus países de origen, donde podían enfrentar persecución o tortura.
Entre los casos documentados figura el de un ciudadano etíope que obtuvo protección para no ser enviado a Etiopía por el riesgo de tortura. Según su testimonio, un agente de ICE firmó en su nombre un documento para enviarlo a Chad, pero finalmente terminó en Camerún.
La organización además identificó por lo menos 12 personas LGBT deportadas a países africanos que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Reuters documentó anteriormente casos de venezolanos y cubanos enviados a Liberia bajo acuerdos de terceros países.
HRW ve que estas prácticas pueden vulnerar las obligaciones de Estados Unidos de debido proceso y el principio internacional de no devolución, que impide trasladar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene espera analizar en diciembre la legalidad de esta política. Por el momento, permite que sigan las deportaciones a terceros países.