Con una nueva norma, Nicolás Maduro perfila un peligroso ataque contra las ONG que trabajan por la sociedad civil en Venezuela. Desde el primero mayo, estas organizaciones estarán obligadas a reportar a la dictadura información que viola su derecho a la privacidad, lo cual pondría en grave riesgo a sus beneficiarios, acusándolos de conspiración y de liderar planes terroristas de desestabilización.
Esta nueva persecución busca controlar y neutralizar el valiente trabajo que estas ONG han realizado en las últimas décadas para documentar, denunciar y visibilizar ante la comunidad internacional las violaciones a los derechos humanos que para mantenerse en el poder ha ejecutado la dictadura venezolana.
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Nos acompañan Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, que representa cada año a 400 víctimas de violaciones de derechos humanos; Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, que ha representado a 2 mil personas desde 1988; y Valentina Ballesta, investigadora para Sudamérica de Amnistía Internacional.
Redacción La Noche