"Operación tun-tun": La macabra cacería del régimen venezolano contra testigos electorales se intensifica con las horas
En los barrios están aterrados. Se esconden, se trasladan de casa a casa como pueden, apagan las luces por las noches, no responden a llamadas de extraños y se silenciaron en redes.
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Creen que quienes los están “entregando” no solo son los miembros del Consejo Nacional Electoral que tienen sus contactos, sino los vecinos chavistas que han “sapeado” las localizaciones, los líderes de los Consejos Comunales que los vieron trabajar en los centros, y todos los que recibieron amenazas por sus estados en la red de mensajería de whatsapp.
La ONG Foro Penal, los dirigentes de la oposición, Delsa Solórzano y Juan Pablo Guapina y la propia María Corina Machado han denunciado la persecución de los llamados “Comanditos” que fueron organizados por la Unidad para la logística de las elecciones.
En redes sociales han circulado decenas de videos con denuncias de patrullaje de colectivos armados, Guardias Nacionales y Policías Nacional, patrullando las calles de barrios como San Blas de Petare, Catia, Sarría, El Calvario del Hatillo, allanando y llevándose a las personas detenidas.
Nicolás Maduro acusó a los llamados “Comanditos”, con más de 600 mil integrantes en todo el país, de ser grupos de guerrilla contra las elecciones.
Además se niega a entregar las actas y este miércoles trasladó la responsabilidad del asunto electoral al Tribunal Supremo de Justicia, que controla en su totalidad.
Maduro dijo que “los comanditos” planeaban atacar el Guri, que transmite electricidad en todo el país.
María Corina Machado advirtió a la comunidad internacional de esta nueva escalada contra los testigos electorales pero aseguró que “ya es tarde” porque lograron enviar las actas que sustentarían el triunfo del opositor Edmundo González.
El CNE hasta ahora no ha entregado los resultados discriminados y las actas.
Maduro aseguró que el CNE sufrió un ataque cibernético, y lo usa como excusa para no auditar el evento.
El Centro Carter advirtió que la parcialidad del TSJ imposibilita una auditoría transparente de las elecciones.