Parte de los migrantes latinos que fueron expulsados por Estados Unidos al Congo retornan a sus países de origen
Este viernes, el gobierno de la República Democrática del Congo anunció que "más de la mitad" de los 15 migrantes latinoamericanos expulsados de Estados Unidos y deportados a su territorio hace más de dos meses ya han comenzado a hacer su retorno a sus países de origen.
El pasado 17 de abril, un grupo de hombres y mujeres con nacionalidades de Colombia, Ecuador y Perú aterrizaron en la capital congoleña, Kinshasa, esto en el marco de un controvertido dispositivo de Estados Unidos en la expulsión de extranjeros en situación irregular hacia terceros países.
"Hasta la fecha, más de la mitad de los 15 ciudadanos admitidos en el territorio nacional el 17 de abril en el marco de este dispositivo ya abandonaron la República Democrática del Congo para regresar a sus países de origen", indicó el Ministerio de Comunicación de la nación africana por medio de un comunicado.
Cabe destacar que la llegada de los 15 latinoamericanos en abril fue el primer envío de migrantes expulsados por la administración del presidente Donald Trump a la nación africana.
De igual manera, desde esta cartera del gobierno congoleño, dejaron claro que "próximamente se producirán otras salidas en el marco de la aplicación del dispositivo". Esto en cumplimiento estricto del paso transitorio.
Este extenso país de África Central se sumó así a la lista de Estados africanos que aceptaron formar parte del programa estadounidense de expulsiones, entre los que se encuentran Guinea Ecuatorial, Ghana, Ruanda, Sudán del Sur, Camerún y Esuatini.
No obstante, estos acuerdos de la nación norteamericana con algunas naciones africanas han ido acompañados a menudo de apoyo financiero o logístico, ya que el objetivo de Washington es lograr que los migrantes abandonen rápidamente su territorio.
Esta medida aplicada bajo la administración del presidente Donald Trump ha causado la reacción de algunas ONGs defensoras de derechos humanos como Human Rights Watch, que en septiembre del año 2025 catalogó estas acciones como "acuerdos opacos" que violaban el derecho internacional y debían ser rechazados.