Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Programa: El Informativo
Luis Alfredo Motta Domínguez enfrenta cargos por corrupción y lavado de dinero en Florida.

El régimen de Venezuela designó este lunes a Luis Alfredo Motta Domínguez como nuevo viceministro de seguimiento a la gestión del gobierno, un nombramiento que ha generado controversia internacional debido a las sanciones y acusaciones que pesan sobre el funcionario.

Motta Domínguez, militar retirado de la Guardia Nacional Bolivariana y exministro de Energía Eléctrica, es actualmente objeto de una recompensa de cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado de Estados Unidos por información sobre su paradero.

Su designación se oficializó mediante decreto firmado el pasado 9 de febrero, otorgándole un cargo de responsabilidad directa bajo la supervisión de Delcy Rodríguez.

El funcionario fue incluido en 2019 en la denominada lista Clinton por su presunta participación en actos de corrupción significativa durante su gestión como ministro.

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Según las autoridades de EE. UU., Motta habría facilitado esquemas de sobornos y adjudicaciones irregulares de contratos por montos superiores a los 60 millones de dólares a empresas radicadas en Estados Unidos, lo que resultó en la prohibición inmediata de realizar transacciones con cualquier entidad bajo jurisdicción de Washington.

Actualmente, el exministro enfrenta un proceso judicial activo en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, donde se le imputan cargos de conspiración y lavado de dinero, convirtiéndolo en un objetivo prioritario de la justicia internacional.

Paralelamente a este nombramiento controvertido, el régimen venezolano eliminó por decreto siete programas sociales o misiones por Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Estos programas, establecidos hace más de una década, tenían el objetivo declarado de supuestamente atender las necesidades básicas de la población vulnerable.

La reorganización afectó a organismos cuestionados por opacidad y corrupción que dependían del régimen.

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