Polémica en Colombia: ¿puede Gustavo Petro liberar a los miembros de la Primera Línea?

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó el decreto con el que crea una comisión que estudiará cuáles serían los miembros de la autodenominada “Primera Línea”, detenidos durante las protestas del paro nacional del 2021, que podrían quedar en libertad.  

El decreto ordena la creación de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que estará conformada por los ministros de Interior, Defensa y Justicia, además de la participación de Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, para poder designar a los manifestantes capturados como gestores de paz.  

De acuerdo al documento, dicha comisión tendrá funciones como definir los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial, y recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos como voceros pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad.  

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Sobre esta determinación se refirió el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien cuestionó la exclusión del ente acusador en dicha comisión. “Dentro de esa comisión intersectorial no está la Fiscalía General de la Nación”, criticó. 

“Me imagino que esa comisión lo que hace es recomendarle al presidente si se admite o estudian personas que pertenecen a organizaciones sociales y humanitarias conforme a la reforma de la ley 418”, agregó.  

Además, advirtió que esas recomendaciones deberán tener “una solicitud ante los jueces de la República”. 

“Los jueces de la República son la última palabra frente a cualquier salida de esas personas”, manifestó.  

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Barbosa, también expuso que varios de los hechos por los que fueron capturados los miembros de la Primera Línea “fueron sustentados debidamente por la Fiscalía General de la Nación”. 

“La Fiscalía considera que no puede quedar en libertad una persona como alias 19 o cualquier persona que haya cometido delitos graves u homicidios y haya sido condenada por la Justicia”, indicó.  

Por su parte, el especialista en Justicia y profesor de la Universidad Nacional, Rodrigo Uprimny, aseveró en entrevista para el programa La Tarde de NTN24 que “la vía que ha escogido el Gobierno “no es la apropiada”. 

Aunque advirtió que el Ejecutivo “no quiere intervenir en la independencia judicial”, sí se está utilizando “un instrumento inapropiado” que está destinado exclusivamente para negociaciones de paz con grupos armados ilegales.

A su vez, el entrevistado fue enfático al afirmar que la “ley no es lo suficientemente clara” y “no puede quedar en manos del Gobierno que una persona pueda quedar excarcelada”.  

En ese sentido, consideró que el Gobierno debe volver al Congreso y no llenar esos vacíos con un decreto reglamentario.  

“Hay temas que no pueden quedar a discreción del Gobierno, sino que deben estar regulados por la ley”, agregó.  

El ex vicepresidente Germán Vargas Lleras también rechazó la propuesta impulsada por el Ejecutivo de liberar a los miembros de la Primera Línea. 

“Sin importar a qué maroma jurídica deba acudir, el Gobierno cumplirá su compromiso con esta horda de delincuentes que mucho contribuyó al posterior éxito de su campaña”, expresó.

Vargas Lleras cuestionó la forma cómo será aplicada la ley sobre estas personas, teniendo en cuenta que no pertenecen a ningún grupo armado ilegal y además, según él, señalados de cometer delitos que “nada tienen que ver con el derecho a la protesta”.  

“Fracasado el intento por la vía legal, ahora pretenden hacerlo por decreto, pero violentando la propia figura del gestor de paz, que claramente se fundamenta en el interés de liberar personas que puedan colaborar para el desarrollo de acuerdos humanitarios o a avanzar en contactos que permitan consolidar la paz con el grupo ilegal al que pertenecen”, agregó.