Polémica en Guatemala: Gobierno oficializa reducción de penas por crímenes de corrupción

Guatemala puso en vigor este lunes una polémica reforma al Código Penal que permite reducir en hasta 50% las penas de cárcel incluidos los casos de corrupción, lo que, según analistas, fomentará la impunidad.

La reforma, publicada este lunes en el Diario Oficial, permite que los acusados en procesos penales puedan obtener una reducción de pena si aceptan los cargos que se le atribuyen.

Según AFP, el pasado 12 de noviembre, los diputados aprobaron la Ley de Aceptación de Cargos, la cual permite la reducción de la sentencia carelaria, aunque deja afuera delitos como genocidio, narcotráfico, y asesinato.

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El presidente Jimmy Morales, quien evitó pronunciarse sobre la reforma, la ratificó y la puso en vigencia con su publicación en el oficial Diario de Centro América.

Sectores civiles críticaron las reformas al considerarlas un retroceso en la lucha contra la impunidad y corrupción en el país.

Opositores a la reforma señalan que beneficiará a diputados, financistas y particulares que tienen casos abiertos o están en prisión por delitos como lavado de dinero y corrupción.

Con la modificación, una persona que enfrenta una causa penal podrá obtener una reducción de 50% de la pena carcelaria si acepta el delito en su primera declaración, de 33% si acepta la culpa antes del comienzo del juicio y de 20% si lo hace durante el proceso.

Para hablar del tema Manfredo Marroquín, analista político y activista anticorrupción, ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24.

Marroquín aseguró que con la entrada en vigor de la controversial ley “claramente hay una intención de generar impunidad frente a delitos graves como la corrupción, asociación ilícita, porte de armas. Es decir, es una puerta abierta al crimen organizado”.

Según el analista, la ley es un pacto de los políticos “que se han visto cercados por las investigaciones de corrupción en la que han estado involucrados”, detalló.

Por otra parte, el activista aseguró que la intención de la ley, que al principio “era descongestionar la población carcelaria”, denunció que ahora hay irregularidades debido a que en la reforma los imputados “no tienen la obligación de colaborar para investigar a la estructura que pertenecen”.

Además, Marroquín mencionó que “si el imputado en su primera declaración se muestra culpable, tiene opción del 50% de reducción de la pena”, en este caso, “muchos de esos delitos tienen 10 años y quedando a la mitad son excarcelables”, añadió.

Redacción NTN24.com