Polémico respaldo del Pacto Histórico a que caso contra Álvaro Uribe pase a la Comisión de Acusación: Fiscalía mantiene investigación y Corte Constitucional definirá competencia
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que cinco congresistas del Pacto Histórico respaldaran una proposición para que ese órgano asumiera la investigación que adelanta la Fiscalía contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por hechos relacionados con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas.
Los cinco representantes del Pacto Histórico que hacen parte de la Comisión son David Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra. Los cinco votaron a favor de la proposición que buscaba que la investigación dejara de estar en manos de la Fiscalía y pasara a la Comisión de Acusación de la Cámara.
La decisión generó especial controversia porque la solicitud había sido promovida a partir de una petición de la defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, quien el pasado 7 de julio pidió a la Comisión que planteara un conflicto positivo de competencia. La tesis de la defensa está relacionada con el fuero presidencial y con la naturaleza de algunos de los delitos investigados, bajo el argumento de que determinadas conductas atribuidas a estructuras paramilitares habrían continuado cuando Uribe ya era presidente de Colombia.
La Comisión acogió esa solicitud y el pasado 19 de agosto pidió formalmente a la Fiscalía entregar el expediente. Sin embargo, la Fiscalía no aceptó esa pretensión.
En una decisión conocida esta semana, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia sostuvo que tiene competencia para continuar con la investigación contra Uribe y planteó que existe un conflicto positivo de competencia entre esa entidad y la Comisión de Investigación y Acusación. Por esa razón, el caso será remitido a la Corte Constitucional, que tendrá que determinar cuál de las dos instituciones debe continuar conociendo el proceso. Mientras se adopta esa decisión, la Fiscalía señaló que continuará adelantando las actuaciones correspondientes y que los términos procesales seguirán corriendo.
La investigación contra Uribe se refiere a hechos ocurridos principalmente durante la década de los noventa, cuando se desempeñaba como gobernador de Antioquia. Entre ellos están las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la investigación relacionada con la presunta conformación del denominado Bloque Metro en la hacienda Guacharacas. La Fiscalía llamó a Uribe a indagatoria por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, ambos agravados.
La controversia política aumentó por la coincidencia entre congresistas del Pacto Histórico y representantes de sectores políticos que históricamente han respaldado al expresidente. La proposición también tuvo el respaldo de Daniel Briceño, Chucho Lorduy, Jonathan Pineda y Carlos Cuenca, presidente de la Comisión de Investigación y Acusación.
Incluso, en redes sociales se empezó a cuestionar esta coincidencia y se planteó la posibilidad de que pudiera existir un acuerdo político entre sectores del petrismo y del uribismo. No obstante, hasta el momento no existe evidencia pública que permita afirmar que haya un pacto para garantizar impunidades recíprocas, por lo que esa hipótesis debe mantenerse como un cuestionamiento político y no como un hecho.
La posición de algunos integrantes del Pacto Histórico también generó una contradicción con la postura expresada por el senador Iván Cepeda, quien manifestó que busca que la Fiscalía conserve la competencia sobre el caso. Cepeda, además, actúa como parte civil y actor popular dentro de la investigación y señaló públicamente que su posición es que el proceso continúe en la Fiscalía.
Gabriel Becerra, uno de los representantes del Pacto Histórico que respaldó la proposición, explicó que la decisión de la Comisión no constituye un pronunciamiento sobre la responsabilidad de Uribe ni puede interpretarse como una actuación destinada a dilatar el proceso. María del Mar Pizarro, por su parte, señaló que debía abstenerse de pronunciarse sobre el asunto debido a su participación en la Comisión.
Así, el escenario cambió frente a lo que inicialmente se había planteado: el proceso no pasó automáticamente a la Comisión de Acusación. La Fiscalía mantiene actualmente el expediente y será la Corte Constitucional la que determine si la investigación debe permanecer en la jurisdicción ordinaria o si corresponde al Congreso asumirla.
Además, el conflicto de competencia ocurre a pocos días de una diligencia clave. La Fiscalía aplazó para el próximo 4 de septiembre la indagatoria de Álvaro Uribe, que inicialmente estaba prevista para el 24 de julio. En esa diligencia, el expresidente deberá responder dentro de la investigación relacionada con las masacres de El Aro y La Granja, el asesinato de Jesús María Valle y el caso de la hacienda Guacharacas.
De esta manera, mientras la Corte Constitucional estudia quién tiene la competencia para continuar con el expediente, la Fiscalía mantiene abierta la investigación y los términos continúan corriendo. Lo siguiente del caso estará marcado por la decisión del alto tribunal y por la indagatoria de Uribe, programada para el 4 de septiembre.