Presos políticos: ¿se está haciendo justicia o se están aplicando las leyes con otros fines en Bolivia?
Desde noviembre de 2020 hasta finales de 2022, cerca de 200 personas han sido procesadas por casos de golpe de Estado en Bolivia.
El golpe de Estado “1 y 2”, como los ha llamado el gobierno boliviano, fueron las protestas que ocurrieron en octubre y noviembre de 2019 y que ocasionaron al que, el entonces presidente de la nación, Evo Morales, tuviera que abandonar su puesto como jefe de Estado tras ganar los comicios de ese año y que fueron calificados como “fraudulentos”.
Tras la renuncia, y posterior huida de Morales, Jeanine Añez asumió la presidencia interina de Bolivia, de acuerdo con la línea de sucesión que determina la Constitución.
No obstante, para el oficialismo, se trató de una usurpación de poder y hoy en día está presa, ante esto, mientras que la oposición habla de persecución política contra la política boliviana, el oficialismo señala que se trata de justicia.
El grupo de abogados que defiende a Añez pidió revisar la sentencia a diez años de prisión en su contra que fue confirmada por un tribunal. Mientras que se desarrolla el proceso, la exmandataria interina está en prisión preventiva desde marzo de 2021 y es acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la constitución y las leyes, así como también de cometer sedición y terrorismo.
Además de Jeaninne Añez, la justicia boliviana ha procesado a otros opositores por el caso golpe de Estado “1 y 2”.
Entre ellos los otros acusados se encuentran: los exministros, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán; el dirigente cívico, Marco Pumari; el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y también varios generales de las Fuerzas Armadas y jefes policiales.
En el caso de Luis Fernando Camacho, el opositor tiene abiertos cuatro procesos en su contra, y desde que fue detenido, en diciembre de 2022, se la ha ido extendiendo la detención preventiva, medida que su defensa considera “ilegal”.
Camacho padece del síndrome de churg-strauss, un mal que ocasiona la inflamación de los vasos sanguíneos y que puede generar daños permanentes en los órganos, por lo que necesita una medicación especial y valoraciones médicas constantes, también sufre de hipertensión arterial.
De hecho, en las últimas horas, fue trasladado a un hospital para realizarse varios exámenes; una junta médica privada alertó que su vida “está en riesgo”, pero médicos del régimen penitenciario afirman lo contrario.
Sobre este tema Ángulo de NTN24 debatió con el abogado de Luis Fernando Camacho, Carlos Martín Camacho; al exdiputado nacional por unidad demócrata, Hugo Sandoval Costas, y el politólogo, Manfredo Bravo.