La indignación de los familiares de seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión en Venezuela se manifestó frente a los tribunales de Caracas al conocer la decisión del juez. Los abogados defensores habían exigido, por falta de pruebas, la libertad plena de Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco.

Pero la petición del Ministerio Público, representado por los fiscales Elin León y Yaneth Espinoza, era una condena firme contra los seis hombres que fueron detenidos en distintos lugares del país, tales como Táchira, Yaracuy, Lara y Caracas, entre el 4 y el 7 de julio de 2022 por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mediante allanamientos sin orden judicial.

Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés son dirigentes sindicales y militantes del partido político opositor Bandera Roja, mientras que Gabriel Blanco es sindicalista, trabajador humanitario, activista y defensor de derechos humanos.

La acusación se hizo con el testimonio de un supuesto "patriota cooperante" del que no se presentó más que el nombre "Adalberto", y quien habría asegurado que "los compañeros iban a asaltar el conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, para buscar 120 fúsiles".

Además del supuesto asalto pretendían "secuestrar a los padres de Tarek El Aissami e iban a realizar actos de sabotaje en las actividades del 5 de julio donde estuviera Maduro".

Para sustentar esto, se mostraron en el tribunal mensajes en capturas de pantalla de teléfonos móviles sin mayor detalle.

Es por esto que la defensa calificó como aberrante la condena y acusan al Estado de usar todo tipo de artilugios para "limitar la libertad de expresión de los manifestantes y evitar que activistas sociales critiquen la gestión gubernamental".

¿Cómo fueron las detenciones?

Según datos reseñados por El Pitazo, los seis hombres arrestados entre el 4 y 7 de julio, fueron sacados de sus hogares por funcionarios armados.

Alcides Bracho

Militante de Bandera Roja y profesor universitario, detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el lunes 4 de julio, cuando se encontraba en su vivienda en Caracas, junto a sus dos hijos y otros dos menores que quedaron a su cargo durante la pandemia. No hubo orden de aprehensión.

Durante la audiencia de presentación le imputaron los delitos de "conspiración, posesión de armas de fuego y asociación para delinquir".

Alonso Meléndez

Integrante de Bandera Roja, ingeniero pesquero y dirigente de la industria en el estado Falcón, aprehendido el miércoles 6 de julio en su vivienda. Funcionarios armados ingresaron a su hogar en horas de la madrugada y le pidieron que los acompañara para un interrogatorio, pero lo trasladaron a Caracas.

Néstor Astudillo

Activista de BP, también aprehendido sin orden judicial la tarde del 6 de julio, en su vivienda ubicada en Charallave, estado Miranda. Funcionarios vestidos de negro y con armas largas lo sacaron de su casa.

Reynaldo Cortez

Secretario de Bandera Roja en el estado Guárico, detenido la madrugada del 7 de julio por hombres armados que ingresaron a su hogar sin identificarse.

Emilio Negrín

Presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, dirigente sindical y defensor de derechos humanos, detenido en El Junquito, el 5 de julio, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Policía Nacional Bolivariana.

Negrín es amigo y vecino de Alcides Bracho. Fue uno de los primeros en denunciar la detención del profesor el 4 de julio.

Gabriel Blanco

Activista de derechos humanos y dirigente vinculado a la Alianza Sindical Independiente (ASI), abordado por funcionarios el 6 de julio, en las afueras de su vivienda ubicada en la urbanización Carlos Delgado Chalbaud, en la parroquia Coche, al suroeste de Caracas. No mostraron ningún documento que lo involucre en alguna investigación o una orden de aprehensión.

En la madrugada del 7 de julio, los funcionarios de la Dirección de Investigaciones Estratégicas de la PNB, arribaron a la residencia de Blanco con una orden de aprehensión firmada por el juez José Márquez García, del Juzgado Cuarto con competencia en terrorismo de Caracas, en la que se le imputan los delitos de terrorismo y asociación para delinquir.