Régimen aprueba Ley de Protección de Pensiones que impone otra carga a las empresas privadas: ¿Cuál es el escenario?
La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, aprobó este martes la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista, que impone un nuevo tributo que recaerá en las empresas para ser destinado al sistema de pensiones venezolano, pulverizado desde hace al menos 10 años debido a la crisis económica.
Como su nombre lo indica, sugiere que las sanciones de Estados Unidos son las responsables del deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores retirados por lo que además impone a la empresa privada un máximo y mínimo porcentaje de contribución para que los fondos de pensiones sean pagados.
"Queda aprobado por unanimidad, en consecuencia, se declara sancionada Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista y se remite al Ejecutivo nacional para su promulgación", señaló el jefe parlamentario, Jorge Rodríguez.
En Venezuela, la pensión de los trabajadores jubilados es la más baja del continente con 3 dólares al mes, algo que se ha pulverizado en revolución, junto a toda la moneda nacional y hace que casi cualquier beneficio sea absurdo.
Ante este escenario, Nicolás Maduro intenta compensar entregando bonos a trabajadores activos y jubilados que se registren en el sistema que llama 'Patria' y tampoco esos bonos tienen impacto en las prestaciones.
La "contribución especial" de las empresas "que realicen actividades económicas en el territorio nacional, será de hasta el 15% del total de los pagos realizados a los trabajadores por concepto de salario y bonificaciones de carácter no salarial".
En un gobierno carcomido en corrupción, ineficiencia y politizado, Maduro ahora acude al tema de las sanciones para señalar a opositores de pedir a Estados Unidos este tipo de medidas coercitivas y exigirá a la empresa privada un aporte extra, a través de esta nueva ley.
Este reglamento consta de 13 artículos, además estipula que "el presidente o presidenta de la República establecerá anualmente el porcentaje correspondiente de la contribución especial, de acuerdo con el tipo o clase de actividad económica".
El analista Luis Vicente León considera fundamental discutir cómo proteger el ingreso de manera sostenible en el tiempo.
Señaló en una entrevista radial que será imposible que esta exigencia se traduzca en un costo a los productos y al número de empleados que tendrán las compañías.
Esto, a fin de honrar este nuevo compromiso en un país con una industria sometida a diversos problemas de suministros de combustible, fallas eléctricas, aranceles y requisitos, y los impuestos más grandes de toda Latinoamérica.
"Es importantísimo en términos de costos laborales. En esa ley estás aumentando de manera directa 15 por ciento de los costos laborales": apunta León.
Si el escenario se complica las empresas se ven obligadas a reducir el número de trabajadores o a acudir a métodos informales de pago.
Tras la aprobación en segunda discusión la Ley debe ser sancionada y publicada en Gaceta Oficial.