Régimen de Nicaragua expulsa al Vaticano a siete sacerdotes

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Régimen de Nicaragua expulsa al Vaticano a siete sacerdotes

Daniel Ortega, jefe del régimen nicaragüense - Foto: EFE
Los siete formaban parte de un grupo de trece religiosos que fueron aprehendidos o puestos en prisión domiciliaria por la policía nicaragüense hace una semana en Matagalpa.

El régimen de Nicaragua anunció este jueves que envió al Vaticano a siete sacerdotes que, según la oposición, habían sido detenidos la semana pasada en una nueva ola de arrestos de religiosos de la Iglesia católica.

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"Ayer miércoles 7 de agosto salieron de Nicaragua hacia Roma siete sacerdotes nicaragüenses, que han llegado bien y han sido recibidos por la Santa Sede", dijo la esposa del presidente Daniel Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, al leer un comunicado.

Los sacerdotes "desterrados al Vaticano" son Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velázquez, Víctor Godoy, Harvin Torres, Jairo Pravia y Silvio Romero, según reportes del portal digital El Confidencial, crítico del gobierno de Ortega y que se edita en Costa Rica.

Los siete formaban parte de un grupo de 13 religiosos que fueron aprehendidos o puestos en prisión domiciliaria por la Policía nicaragüense hace una semana en Matagalpa, en el norte del país, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más.

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Daniel Ortega Saavedra, dirigente, exguerrillero, político, líder del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) está en el poder (Presidencia de Nicaragua) desde el 10 de enero de 2007.

Debido al régimen existente, en Nicaragua los tres principales problemas son el desempleo, la carestía de la vida y la pobreza.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la dictadura de Ortega ha impuesto varias medidas represivas en contra de los opositores de su país.

Entre ellas, remarca la instancia internacional, “la apatridia, la vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida”.

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Asimismo, “la desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida de derechos a la propiedad y bloqueos bancarios”.


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