Restricciones, intimidación y censura marcaron la cobertura periodística de las elecciones de este domingo en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) documentó 10 incidentes que afectaron el libre ejercicio del periodismo durante la cobertura de las elecciones municipales de este domingo 27 de julio en Venezuela.

A través de la red de delegados constató que al menos en cinco regiones los periodistas enfrentaron obstáculos que limitaron su labor, aun cuando contaban con acreditaciones oficiales otorgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En Barquisimeto, estado Lara, periodistas de varios medios fueron obligados a permanecer fuera del centro electoral mientras Henri Falcón, candidato a la alcaldía de Iribarren, sufragaba. Solo se permitió el ingreso breve y bajo control de personal militar a camarógrafos y reporteros gráficos.

En Puerto Ordaz, estado Bolívar, los periodistas Félix Requena (Los Tubazos y Qué Pasa Venezuela) y Edwin Rosal (Correo del Caroní) fueron objeto de hostigamiento, acusaciones infundadas y vigilancia no consentida mientras cubrían la votación de un candidato en el Colegio Nazareth. Miembros de mesa les impidieron tomar fotografías del momento del voto, bajo el argumento de que solo se permite retratar a alcaldes o gobernadores y no a candidatos. Los funcionarios llegaron a grabarlos y fotografiarlos, acusándolos incluso de saboteadores, en un claro intento de criminalizar su labor informativa.

Situaciones similares se vivieron en el estado Cojedes, donde a la periodista Pilar Guerra (Que Pasa Venezuela y Mango Noticias), pese a estar debidamente acreditada, le fue negado el acceso al centro de votación Liceo Creación Limoncito. Un efectivo del Plan República exigió su cédula de identidad para verificar su credencial. El hecho supuso una discriminación arbitraria y nunca le fue permitido el acceso.

En otro hecho, el equipo del diario El Impulso fue obligado a borrar material fotográfico que había captado en el Colegio La Salle de Barquisimeto, estado Lara. La orden fue impuesta por un comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a pesar de que la coordinadora del centro electoral había autorizado previamente el registro visual. Se trató de una acción directa de censura que se suma a una serie de limitaciones documentadas en la jornada.

Se reportaron también bloqueos al ingreso de periodistas acreditados en centros electorales de los estados Aragua y Zulia. En la Escuela Básica Nacional Santa Rita (Aragua) y en centros como el 19 de Abril, Josefina de Acosta y Luis Beltrán Ramos (Zulia), comunicadores sociales fueron impedidos de entrar pese a tener credenciales válidas emitidas por el CNE.

Finalmente, en Nueva Esparta se reportó un incidente cuando un efectivo militar impidió a un periodista de la región grabar tomas de apoyo en los alrededores del centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Colegio Madre Guadalupe, en Maneiro. En las inmediaciones de esta escuela, y en varios centros del municipio, había patrullas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Estos incidentes tienen en común no solo el uso arbitrario de la autoridad por parte de funcionarios militares y electorales, sino también un patrón de discrecionalidad, desinformación, intimidación y censura hacia los periodistas.

"Estas elecciones municipales ocurren en un contexto más amplio de deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela", alerta el SNTP.

La cobertura informativa se dio en un ecosistema digital afectado por bloqueos sistemáticos a medios digitales. El programa VE Sin Filtro registró entre enero de 2016 y enero de 2025 un total de 1.335 eventos de bloqueos digitales, de los cuales 949 siguen activos. Estos afectaron a 134 sitios web, incluyendo 60 medios de comunicación digitales.

A esto se suma la amenaza latente de judicialización de periodistas y medios, alimentada por una narrativa oficial que asocia la cobertura crítica con acciones de desestabilización, sabotaje, publicación de noticias falsas o delitos contra el orden público.

Por otro lado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) excluyó a medios digitales independientes del proceso de acreditación oficial, limitando las posibilidades de cobertura de portales regionales y nacionales. La medida consolida un entorno mediático cerrado y con acceso limitado a fuentes de información.