Esta es la resolución aprobada en la OEA que exige al régimen de Nicaragua "establecer las condiciones para elecciones libres"
La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una nueva resolución que insta al régimen de Nicaragua a tomar medidas concretas para restaurar el orden democrático y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en el territorio nacional. La decisión se adoptó durante una reunión de cancilleres en la sede del organismo en Washington.
El documento aprobado expresa preocupación por la situación actual en Nicaragua y solicita al régimen de Daniel Ortega acciones específicas para revertir el deterioro institucional. Entre las principales demandas figura la liberación inmediata de todas las personas consideradas presos políticos, así como el cese de cualquier tipo de persecución contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil.
La resolución también exige el restablecimiento de garantías democráticas fundamentales, incluyendo la independencia de los poderes del Estado, el respeto a la libertad de expresión y de prensa, y la restauración del espacio cívico que permita la participación ciudadana sin temor a represalias.
En materia electoral, el texto adoptado por la OEA demanda la implementación de reformas que aseguren procesos electorales libres, transparentes y creíbles, con observación internacional independiente. Estas reformas deberían incluir garantías para la participación de todos los sectores políticos en condiciones equitativas.
El organismo hemisférico solicita además la restauración del Estado de Derecho y el respeto a la separación de poderes, elementos considerados esenciales para el funcionamiento de cualquier democracia. La resolución hace referencia a la Carta Democrática Interamericana como marco normativo aplicable.
La medida se produce en un contexto de continuas denuncias internacionales sobre violaciones a derechos fundamentales en Nicaragua. Diversos organismos de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, cierre de organizaciones de la sociedad civil, clausura de medios de comunicación independientes y restricciones severas a las libertades públicas.
El documento expresa la posición mayoritaria de los Estados miembros respecto a la necesidad de cambios sustanciales en las políticas del país centroamericano.