Tragedia en El Callao: 12 mineros venezolanos fallecidos al ingresar a mina de oro clausurada
Al menos doce personas murieron asfixiadas al ingresar en una mina de oro que ya estaba cerrada en El Callao, en el sureste de Venezuela.
El secretario de Seguridad Ciudadana del estado de Bolívar, el general Edgar Colina Reyes, confirmó a la AFP que el accidente se produjo el miércoles: "La mina se inundó por las lluvias".
Precisó que se trataba de "mineros artesanales (...) que perdieran el oxígeno y fallecieran por insuficiencia respiratoria", explicó.
El sábado lograron recuperar siete cuerpos y cinco el viernes, y aún están en las labores de identificación.
En 2021, el derrumbe de una galería en una mina de la misma zona causó un muerto, en tanto que 34 personas pudieron ser rescatadas.
Las explotaciones de oro, legales e ilegales, abundan en el sur del país. Los mineros trabajan frecuentemente en condiciones difíciles y los accidentes son comunes. Amplias zonas de esta región son presas de bandas armadas criminales.
En el mes de mayo la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (CODEHCIU) registró unas 6 víctimas de desapariciones forzadas en el Arco Minero del Orinoco entre noviembre del 2022 y abril de 2023. Además determinó que dos de las víctimas presuntamente desaparecieron en el municipio Roscio, dos en el municipio Sifontes y dos en El Callao.
Del total de las víctimas de desaparecidos, 4 son hombres y 2 son mujeres. La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MIIV) determinó que los roles y también los estereotipos de género afectan a muchos aspectos de la vida en las minas, como el tipo de trabajo que ejercen las personas, las condiciones de vida y los tipos de violencia ejercida contra hombres o mujeres. En este mismo informe de la Misión se documenta cómo actores estatales y no estatales han cometido violaciones de derechos humanos contra la población local, en el marco de la lucha por el control de las zonas mineras.
Entre ellos figuran privaciones arbitrarias de la vida, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. Las autoridades no solo no han adoptado medidas para prevenir o reprimir estos abusos, sino que la Misión ha recibido información que sugiere una connivencia de actores estatales y no estatales en algunas partes del estado Bolívar.