Tras la demanda, la Justicia argentina ordena frenar el megaproyecto petrolero en las islas Malvinas
La Justicia Federal de Argentina dio un paso sin precedentes en la disputa por el Atlántico Sur al dictar este miércoles una medida cautelar que ordena la suspensión inmediata del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa de la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration para la extracción de crudo en la cuenca norte de las islas Malvinas.
La resolución fue emitida por la jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego), Mariel Borruto, al hacer lugar a una demanda interpuesta el pasado 1 de septiembre por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata (Cecim).
En consecuencia, la magistrada dispuso la prohibición absoluta de perforar el subsuelo marino, desplegar plataformas u obras portuarias asociadas, exigiendo a su vez a las operadoras la entrega detallada de sus planes financieros y estudios de impacto ambiental.
“El riesgo ambiental no es hipotético, dado que las obras físicas e instalaciones proyectadas amenazan ecosistemas marinos bajo jurisdicción de la plataforma continental argentina sin contar con las evaluaciones de impacto requeridas por ley”, argumentan los demandantes en el escrito judicial.
La acción legal señala que la exploración y futura explotación prevista originalmente para iniciar producción hacia 2028, vulnera la Resoluciones 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la cual prohíbe las modificaciones unilaterales en la zona en disputa mientras persista el litigio de soberanía.
Ante los embates judiciales e iniciativas penales paralelas impulsadas por la Casa Rosada, los portavoces de Navitas aclararon que la consorciada opera mediante licencias “otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas” y desestimaron que las resoluciones dictadas en tribunales continentales puedan frenar su cronograma de operaciones.
Por su parte, la Cancillería de Reino Unido publicó una guía corporativa ratificando que Argentina no cuenta con jurisdicción para hacer valer su normativa interna ni aplicar sanciones sobre el territorio del archipiélago o su espacio marítimo circundante.
Mientras la justicia argentina intenta bloquear el financiamiento y soporte logístico de los proveedores globales de Sea Lion, Londres y las petroleras apuestan por avanzar en la ejecución material del proyecto, convirtiendo la cuenca energética del Atlántico Sur en un tablero de alto riesgo geopolítico y regulatorio para los inversores.