Traslado de Rocío San Miguel a tribunales fue suspendido por tercera vez
Por tercera vez fue suspendido el traslado de la abogado y activista Rocío San Miguel a tribunales, según denunció este martes la ONG Justicia y Libertad.
San Miguel no fue trasladada al tribunal Segundo de Terrorismo de Caracas, a cargo del juez Carlos Liendo, retardo que impide la juramentación de abogados de confianza como sus defensores.
Desde que fue arrestada el pasado 9 de febrero, la presidenta de Control Ciudadano no ha contado con la defensa privada, por lo que sus abogados no han tenido acceso al expediente para conocer los fundamentos de las imputaciones en su contra. Esta situación la mantiene en estado de indefensión.
"En el caso de Rocío San Miguel se ha violado el debido proceso. El artículo 44 de la Constitución indica que “toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares abogado o abogada o persona de su confianza”", señala la ONG.
Aunque el régimen de Maduro insiste en asegurar que en la detención se respetaron los tiempos judiciales, San Miguel fue detenida el pasado 9 de febrero junto a su hija en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y durante al menos 100 horas se desconocía su paradero.
Fue imputada por "traición a la patria", "terrorismo" y "conspiración".
Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de "revelación de secretos políticos y militares".
El fiscal general, Tarek William Saab, expuso ante la prensa mapas y computadores incautados y mostró fragmentos de una supuesta orden de operación confiscada a un militar detenido, acusado también de participar en el plan de magnicidio, en los que "aparece mencionada explícitamente Rocío San Miguel".
Según esos extractos, San Miguel debía hacer enlaces con medios de comunicación para divulgar avances de la supuesta operación, generar "afinidad comunicacional con la población militar" y "coordinar" la defensa de oficiales involucrados a través de la ONG que dirige, Control Ciudadano, especializada en temas relacionados con la Fuerza Armada.
Estados Unidos, la Unión Europea y mandatarios de varios países expresaron preocupación por el arresto de la activista, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian una escalada contra la sociedad civil en un año en el que están previstas elecciones presidenciales.