Tribunal asesta un revés a Trump al declarar ilegal la deportación de migrantes a terceros países sin previo aviso
Un panel de tres jueces del Primer Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos falló este viernes en contra de la directiva del Gobierno presidido por Donald Trump, la cual permitía al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) expulsar a migrantes hacia terceros países sin notificación previa ni darles la oportunidad de objetar la medida ante las autoridades judiciales.
La resolución confirma en gran medida la sentencia emitida por una corte federal de distrito en Massachusetts, y determina que la política aprobada el año pasado contraviene los reglamentos de asilo y debido proceso.
La normativa anulada autorizaba el traslado de extranjeros a naciones distintas a sus países de origen sin previo aviso, siempre que los gobiernos receptores ofrecieran garantías verbales de que los deportados no sufrirían persecución ni torturas.
“El derecho de una persona a impugnar su traslado basándose en el temor a sufrir persecución carece de valor si no se le notifica previamente el destino previsto y no se le brinda una oportunidad real de impugnar ese destino. Rechazamos los intentos del Departamento de Seguridad Nacional de inventar tal excepción de la nada”, escribió el juez Seth Aframe al argumentar el fallo unánime del tribunal.
La corte determinó que la legislación establece procedimientos obligatorios de audiencia para evaluar el riesgo de persecución, los cuales no contemplan excepciones para traslados a terceros países.
La administración Trump ya había recurrido anteriormente ante la Corte Suprema, instancia que le concedió un amparo temporal para mantener las expulsiones mientras continuaba el litigio. Se anticipa que el Departamento de Justicia apelará nuevamente el fallo ante la máxima instancia judicial.
No obstante, dado que el Tribunal Supremo ha permitido la aplicación cautelar de estas medidas en fases previas del proceso, la batalla legal definitiva se trasladará a la máxima corte para determinar si el Ejecutivo posee la facultad de eludir las audiencias individuales en convenios con terceros países.