Tribunal de EE. UU. dictamina que migrantes irregulares no tienen derecho a audiencia individual para fijar fianza
Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó este viernes una medida que afecta directamente a los inmigrantes indocumentados detenidos con un proceso de deportación activo.
El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, reunido en pleno, señaló que los migrantes pueden ser detenidos durante los procedimientos de deportación sin audiencias de fianza individuales.
Asimismo, el alto tribunal federal definió que el tiempo que lleven dentro del país de manera irregular no importa en este caso.
"Concluimos que los demandantes no tenían derecho a audiencias individuales sobre su peligrosidad o riesgo de fuga, antes de poder ser legalmente detenidos por las autoridades de inmigración, mientras se tramitaban sus procedimientos de expulsión" explicaron los jueces.
"Además, la duración de la detención de los demandantes no planteó cuestiones constitucionales que justificaran la concesión del habeas corpus", añadieron en su dictamen.
Ignacio Sosnava Rodríguez, un mexicano con más de 22 años en Estados Unidos, Alejandro Villegas Angel, también mexicano, residente en el país desde 2011 y con dos hijos ciudadanos estadounidenses-, y Miguel Ángel Gómez Alvarado, hondureño, residente desde 2011 y con un hijo ciudadano estadounidense, fueron los demandantes en este caso.
Los tres hombres fueron detenidos y recurrieron a los tribunales mediante solicitudes de habeas corpus, pidiendo una audiencia individual y alegando que su detención si ella violaba sus derechos constitucionales.
Aunque la mayoría de los jueces del alto tribunal reconoce que los inmigrantes están protegidos por la cláusula de debido proceso incluida en la Quinta Enmienda, también considera que esa protección no les da derecho a una audiencia individual para evaluar su peligrosidad o el riesgo de fuga.
Lo que piden los migrantes se apoya en decisiones de tribunales inferiores, que habían ordenado la puesta en libertad de los tres inmigrantes, pero esta decisión le da al gobierno federal la razón, por lo que podrá seguir con los procedimientos de deportación.
Cabe recordar que una de las políticas más fuertes del gobierno de Donald Trump está relacionada con la migración. Las redadas de inmigrantes irregulares y su posterior deportación han sido uno de sus principales ejes.
Esta decisión judicial se añade a las controversias sobre la política migratoria de Trump que han sido examinadas por la Corte Suprema en el último año y medio.
La Corte Suprema aceptó el 1 de octubre examinar un caso relacionado con esta misma política de detención obligatoria, procedente del Segundo Circuito, lo que podría llevar a dicte sentencia para sentar jurisprudencia.