“Tuve que salir bajo riesgo”: Exministra ecuatoriana que se fugó de la Embajada de Argentina en Quito
Se pronunció la exministra ecuatoriana María de los Ángeles Duarte quien se fugó el lunes de la Embajada de Argentina en Quito tras estar vinculada a delitos de corrupción.
“Agradezco a la República Argentina por haberme cobijado ante la persecución de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso”, inicia su mensaje en su cuenta oficial de Twitter.
Duarte indicó que dejó la Embajada porque “al negarme el salvoconducto que me correspondía como asilada política, de acuerdo con la convención de Caracas de 1954 e impedir mi salida segura (salvoconducto), el gobierno ecuatoriano me convirtió en su rehén política”.
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Asimismo, aseguró: “Tuve que salir bajo riesgo, pero ejercí el derecho que me asistía”, y cerró el mensaje con una frase de Martin Luther King: “La injusticia, en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”.
De acuerdo con un comunicado del Gobierno de Guillermo Lasso, la fuga de Duarte, una ministra en la administración del exmandatario izquierdista Rafael Correa, ocurrió este lunes y fue advertida por el canciller de Argentina, Santiago Cafiero.
"Cafiero se comunicó con el canciller (ecuatoriano) Juan Carlos Holguín y le manifestó que la señora María Duarte escapó de la embajada de Argentina de Quito, sin conocimiento del personal de su Embajada que mantenía en su jurisdicción a la prófuga de la Justicia ecuatoriana", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Cabe destacar que Duarte estaba refugiada en la Embajada de la capital ecuatoriana desde agosto de 2020 tras recibir una condena de 8 años de cárcel por cohecho.
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La exministra fue sentenciada por el delito de cohecho junto Rafael Correa y otros exfuncionarios del Gobierno que, según las investigaciones de la Fiscalía, integraban una estructura delictiva que exigió sobornos por casi 7,6 millones de dólares a empresas a cambio de contratos estatales.
Correa, quien se encuentra asilado en Bélgica, y sus antiguos funcionarios, rechazan los fallos alegando que se trata de una persecución política.