"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país
El político nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, exprisionero político del régimen de Daniel Ortega y excandidato presidencial, se refirió en NTN24 a la controvertida legislación que aprobó la Asamblea Nacional del país sobre territorio fronterizo.
La ley en cuestión declara propiedad estatal toda franja de tierra ubicada a menos de 15 kilómetros de las fronteras nacionales, afectando así a más de 18.500 kilómetros cuadrados de territorio.
Según Chamorro, la magnitud de la medida es “enorme”, abarcando “1.350 kilómetros lineales de frontera por 15 kilómetros de ancho”, una extensión comparable a la de El Salvador.
Por otro lado, el excandidato presidencial calificó la acción como un “robo descarado”, argumentando que los procesos de expropiación normalmente implican negociaciones y compensaciones justas, algo que no se contempla en este caso.
“Esto es un robo, porque los procesos administrativos de expropiación vienen acompañados de una negociación con los dueños y una justificación de que el traspaso de activos hacia el Estado tiene que ser posterior a una correspondiente compensación de acuerdo a los precios de mercado y justificado por una razón de orden público, la construcción de una infraestructura y de la carretera. Aquí estamos hablando de un robo descarado a plena luz del día por los borregos de la Asamblea Nacional de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señaló.
La legislación aprobada impacta directamente a viviendas, pueblos, fincas, playas y zonas protegidas, incluyendo propiedades con alto potencial turístico, granjas camaroneras, plantaciones de café, bosques y reservas forestales, tierras indígenas y plantaciones agroindustriales.
En ese contexto, Chamorro señaló que aproximadamente 27 municipios, muchos con sus propias cabeceras, caen dentro de esta nueva jurisdicción de tierras públicas.
“Esto tiene obviamente una serie de ramificaciones. El primero, es la anulación total de los derechos de propiedad en esta zona, pero también que afecta al resto del país. Y segundo, es de que todas estas propiedades, al ser ya inmovilizadas y no poderse enajenar, no poderse vender, alquilar, heredarse, pierden su valor, porque no hay precio de compra, nadie va a comprar una propiedad que está en una zona confiscada”, dijo.