Uso de planchas y descargas eléctricas: Al detalle todo lo que dice el informe de la ONU sobre las torturas en Venezuela
La Misión de la Organización de Naciones Unidas sobre Venezuela, publicó un nuevo informe este martes en el que destaca la represión sin precedentes que se vive en el país, persecución política y crímenes que atentan contra la humanidad, ejecutados por los cuerpos de seguridad de régimen de Nicolás Maduro.
El documento urge a una actuación que proteja a las víctimas y judicialice a los responsables. Además detalla los métodos de tortura utilizados por funcionarios de seguridad contra los detenido.
- Golpes con puños y planchas de madera o bates envueltos en espuma.
- Descargas eléctricas, incluyendo en los genitales.
- Asfixia con bolsas de plástico.
- Inmersión en agua fría.
- Privación de sueño con iluminación constante y música a alto volumen.
La Misión de la ONU logró investigar siete casos específicos, como el del estudiante John Álvarez, en los que documentaron tratos crueles, intimidación, coerción y torturas.
"Es probable que la mayoría de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes posteriores al 28 de julio de 2024 no hayan sido reportados todavía por las víctimas o sus familias".
El informe también detalla las condiciones de detención, que en la mayoría de los casos son sometidos a una reclusión prolongada en celdas pequeñas y condiciones insalubres, que pueden constituir actos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Entre los ejemplos señalados, están la prisión de máxima seguridad El Rodeo I y la prisión Yare III, donde los reclusos enfrentan aislamiento, falta de acceso a alimentos y agua, así como restricciones arbitrarias de visitas.
La Misión recomienda a las autoridades venezolanas investigar las alegaciones de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, revisar los casos documentados por la ONU para garantizar que los sobrevivientes tengan acceso a una reparación integral.
En cuanto al uso del término "terrorismo", los expertos señalan que las autoridades venezolanas, incluyendo al Fiscal General, imputaron a personas detenidas durante las protestas postelectorales con cargos de "instigación al odio" y "terrorismo" sin haber individualizado la responsabilidad por las conductas alegadas.
Destacan que estas imputaciones son ambiguas y se acumulan, lo que puede llevar a penas máximas de 30 años de prisión.
En la misma línea fue investigada la detención de 158 niños y niñas durante las protestas, acusados de graves delitos como "terrorismo", un fenómeno que la misión no había identificado anteriormente. Destaca la existencia de violaciones sistemáticas al debido proceso en los procedimientos iniciados por los tribunales especiales sobre terrorismo, los cuales fueron responsables de la mayoría de los casos contra líderes políticos opositores y participantes en las protestas.
Para la misión, el régimen de Maduro ha utilizado el término "terrorismo" como una herramienta para justificar la represión y las detenciones arbitrarias contra opositores, manifestantes, y otros sectores de la sociedad a través de métodos como la denominada "Operación Tun Tun".
La misión concluye que estas acciones forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, como parte de una política estatal dirigida a silenciar y reprimir a la oposición.
Además, menciona que el crimen de persecución ha sido cometido en Venezuela, basándose en violaciones graves de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual, entre otras. Las víctimas fueron seleccionadas debido a sus críticas hacia el régimen o por ser percibidas como opositoras. La misión resalta la importancia de estas violaciones como un crimen de lesa humanidad basado en motivos políticos.