“Yolanda”: Una venezolana víctima de trata en Colombia que logra justicia ante la desprotección

Yolanda es una mujer venezolana que, en 2019, fue engañada por una red de trata con una promesa de trabajo como vendedora de café en Colombia.

Según comenta “Yolanda”, un nombre ficticio para proteger su identidad y seguridad, tras llegar al país fue amenazada para ser explotada sexualmente; tanto ella como sus hijas de 6 y 8 años para ese entonces.

Caso Yolanda

Una vecina ofreció a Yolanda una oportunidad laboral en Colombia vendiendo café, pero la realidad fue otra y fue forzada a prostituirse, tanto ella como sus hijas. Tras ser agredida sexualmente por uno de los tratantes, se escapó del lugar.

“Yo me traje a mis dos niñas. Y resulta que cuando llegamos acá no era lo que ella nos había dicho (…) Ella me dice “No tu no vienes a trabajar acá vendiendo tintos, tu vienes es a trabajar como prostituta y tu hija de 8 años ya tiene clientes porque ella se tiene que acostar con personas mayores que le gusta estar con niñas menores de edad”.

Yolanda pasó varias noches durmiendo en la calle, junto a su esposo y sus hijas, en ese momento, la policía se acercó a preguntarles por su situación.

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Tanto ella, como su esposo les contaron lo sucedido y los policías les confirmaron que conocían al tratante y ese tipo de historias que solían ocurrirles a mujeres venezolanas, pero no les ofrecieron ningún tipo de ayuda.

Como consecuencia, Yolanda no pudo activar la ruta integral de protección y asistencia para la atención de víctimas de trata, por lo que no ha tenido acceso a vivienda adecuada, a servicios de salud mental y física, empleo, ni a las condiciones mínimas de subsistencia, explicó la organización internacional Women’s Link Worldwide.

Ella y su familia se han enfrentado repetidas veces a amenazas por parte de la red de trata, acompañada por Women’s Link Worldwide, pudo llevar su caso al sistema de justicia, donde llegó hasta la Corte Constitucional.

Principales obstáculos en la protección de víctimas de trata en Colombia

Según explicó Women’s Link Worldwide en Colombia, existe un marco legal que debería garantizar que se identifique adecuadamente a las víctimas de trata y se las asista de manera adecuada.

La Ley 985 del 2005  sobre trata de personas establece que el Estado colombiano debe “adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, tanto las residentes o trasladadas en el territorio nacional, como los colombianos en el exterior, y para fortalecer la acción del Estado frente a este delito”.

La organización internacional aseguró que, a pesar del desarrollo normativo, siguen faltando mecanismos efectivos de identificación, protocolos unificados de actuación entre las entidades competentes y coordinación interinstitucional para la asistencia adecuada e integral de las víctimas.

A continuación, Women’s Link Worldwide explicó algunas de las principales fallas detectadas en el sistema de protección colombiano:

• Diferencias territoriales:

El sistema de protección colombiano se articula en torno a dos tipos de comités de trata: el Comité Interinstitucional, órgano consultivo del Gobierno Nacional, y los comités regionales del nivel local y seccional.

Al no establecer criterios concretos y uniformes para todo el territorio, la atención y protección de las víctimas depende de la voluntad y capacidad de las autoridades locales, por lo que se producen serias diferencias geográficas.

 A esta situación, se suman la falta de capacidad y recursos de los comités regionales. La autoridad nacional delega prácticamente toda su responsabilidad en los comités regionales, pero no contribuye en igual medida con recursos y capacitación suficiente para que los comités puedan realizar su labor de manera adecuada.

• Falta de formación y capacitación:

Uno de los problemas tradicionales que dificulta la identificación víctimas de trata es la falta de formación por parte de funcionarios a nivel territorial, así como el desconocimiento de la reglamentación y de protocolos o rutas para identificar a víctimas y potenciales víctimas de trata de personas.

Los esfuerzos que en los últimos años se han hecho para capacitar a autoridades judiciales y de la Fiscalía sobre la ruta de atención y los protocolos de atención y asistencia a víctimas no han sido suficientes.

• Acceso a la justicia

En 2018, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sostuvo que entre 2013 y 2018, se abrieron 673 investigaciones por trata en el país, detectando un incremento de esas conductas en las zonas turísticas del territorio nacional.

Frente a un tan alto número de investigaciones, entre 2015 y 2018 solo obtuvieron sentencia condenatoria el 15% de los casos. Según información recogida por Women’s Link, entre enero de 2011 y abril de 2016, se iniciaron un total de 908 investigaciones por el delito de trata de personas, y sólo se obtuvieron 52 sentencias condenatorias .

•  Trata de personas en el marco del conflicto armado

Colombia es un país reconocido a nivel mundial por la práctica de reclutamiento forzado de menores, pero persiste un profundo desconocimiento de la trata de personas que ocurre con ocasión al conflicto armado.

• Situación en la frontera colombo-venezolana

En contextos de migraciones y de frontera, la necesidad y la desinformación lleva a muchas personas a ser engañadas con falsas oportunidades de trabajo.

En Colombia, desde el inicio de la emergencia humanitaria en Venezuela en 2015, se ha producido un aumento de las víctimas de trata venezolanas, especialmente mujeres y niñas con fines de explotación sexual.

Como ejemplo de ello, en la frontera de Norte de Santander se han identificado tres bandas de carácter transnacional: cartel de Sinaloa, Jalisco nueva generación y el Tren de Aragua. “El Tren de Aragua” se dedica a la trata de personas desde Venezuela y Colombia.

Con ofertas de supuestas oportunidades de trabajo de tipo formal engañan a mujeres a quienes les retienen sus documentos una vez se desplazan desde Venezuela a Colombia y son obligadas a trabajar en actividades sexuales.

Algunas de estas mujeres viajan acompañadas junto a sus hijas, niñas y adolescentes, que son también explotadas.

En el caso de las víctimas extranjeras, las autoridades suelen confundirlas con víctimas de tráfico de migrantes, ya que no hay ningún indicador que permita al Ministerio de Relaciones Exteriores o Migración de Colombia diferenciar entre las situaciones de tráfico de migrantes o trata de personas, según Women’s Link Worldwide.

• Nuevo Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos

Este requisito afecta particularmente a víctimas de trata de personas que suelen perder el control de sus documentos de identidad debido a que les son retenidos por sus captores y tratantes.

Para ellas, la exigencia de documentación para acceder al Estatuto de Protección Temporal puede convertirse en una barrera.

Igualmente, resulta preocupante la falta de claridad respecto a la protección de varios derechos fundamentales, entre ellos, el acceso a la salud.

Esta falta de claridad puede afectar de manera desproporcionada a las víctimas de trata con fines de explotación sexual, que tienen enormes necesidades de atención en salud sexual y reproductiva, incluido el aborto.

Medidas ordenadas por la Corte en el caso Yolanda 

La Corte Constitucional de Colombia, ordenó al Estado colombiano mejorar el sistema de protección de víctimas de trata.

Según Women’s Link Worldwide, la Corte ampara los derechos fundamentales a la integridad personal, a la seguridad, al mínimo vital, a la salud y a la dignidad humana de Yolanda y su familia.

La Corte Constitucional dirigió estas medidas a la Fiscalía Seccional competente, en dónde pide aplicar de manera inmediata las medidas de protección para esta venezolana y revisar la tipificación que hizo de los hechos inicialmente en su denuncia ante la Fiscalía.

También al Comité Municipal de Lucha conta la Trata de Personas, en dónde se le solicita incluir a esta mujer y a su familia en el programa de protección y asistencia e iniciar los trámites para suministrarle todas las medidas de protección previstas.

La Corte le instó al Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas, realizar un seguimiento a la ejecución de la Estrategia Nacional para la Lucha Contra la Trata de Personas para la ciudad en la que se encontraba Yolanda, así como diseñar un protocolo para la identificación de víctimas de trata de personas y compartirlo a los Comités Municipales, Distritales y Departamentales.

Migración Colombia deberá mantener vigentes los salvoconductos de Yolanda y su familia, hasta tanto se resuelva su solicitud de asilo.

Mientras la Procuraduría General de la Nación por orden de la Corte Constitucional de Colombia deberá hacer seguimiento a la actuación de los funcionarios que tienen obligaciones de asistencia a las víctimas del delito de trata de personas y vigilar el cumplimiento de la decisión de la Corte Constitucional.