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El Gobierno colombiano desistió oficialmente de aplicar una retención en la fuente del 1,5% sobre los pagos digitales y las transacciones realizadas con tarjeta de crédito o débito.

Esta decisión se da como respuesta a una ola de críticas de parte del sector financiero, los gremios empresariales y los usuarios advirtieron que el impuesto podía convertirse en un golpe a la bancarización y a la formalización económica.

Según informó el medio de comunicación El País, el Ministerio de Hacienda recibió más de 170 observaciones al proyecto en menos de un mes, lo que llevó a reconsiderar la medida.

El objetivo inicial del decreto era incrementar el control tributario y garantizar que las operaciones digitales contribuyeran al recaudo nacional, sin embargo, el efecto que este ocasionaría sería nocivo para las operaciones financieras.

Carlos Emilio Bentancourt, director encargado de la DIAN, expresó que “la asimetría regulatoria entre esos dos grandes ambientes para los pagos podría impulsar el uso desmedido del efectivo, lo que debilita los alcances de verificación de trazabilidad de las transacciones”, lo cual representa un riesgo significativo ya que según el Banco de la República el 77,8% de las transacciones aún se realizan en efectivo.

Además, señalo que imponer un cobro adicional a las plataformas como Nequi, Daviplata o las tarjetas de afectaría a millones de usuarios que apenas están accediendo a servicios digitales.

Ahora, la decisión final buscará “nivelar la cancha” entre los distintos métodos de pago y eliminar barreras al uso de nuevas tecnologías financieras, así el sistema queda más accesible para los consumidores.

Finalmente, José Ignacio López, presidente del tanque de pensamiento económico ANIF, escribió en su cuenta de X: “Eliminar las retenciones en pagos en tarjeta y no tener retenciones en pagos digitales es el camino a la formalización, inclusión financiera y, en el mediano plazo, mayor recaudo”.