¿Cuáles son los desafíos legales después del fin del Título 42 en Estados Unidos?

Las nuevas medidas migratorias que entraron en vigor a partir del 11 de mayo en Estados Unidos podrían suponer una violación a los derechos humanos, entre ellos, el acceso al asilo.

Así lo consideran distintas organizaciones como Amnistía Internacional, UNICEF o la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, que ven con preocupación el incremento de los requisitos que, desde su punto de vista, suponen una barrera al derecho básico de pedir protección migratoria.

Además, estas organizaciones consideran que dichas medidas entrarían en conflicto con la ley de asilo que regula este derecho universal en Estados Unidos.

Las nuevas normas incluyen la obligación de haber pedido protección por parte de los migrantes en un tercer país o haber solicitado una cita con las autoridades vía la nueva aplicación telemática, incrementando los requisitos hasta ahora vigentes.

Esta nueva regulación migratoria es, según la Administración del presidente Joe Biden, un intento de proteger a los migrantes y evitar que emprendan el peligroso viaje por Centroamérica.

En ese contexto, la Unión Americana de Libertades Civiles presentó un recurso legal para evitar que sigan en vigor y forzar al Gobierno a retornar al proceso legal por el cual, cuando “una persona llega a un puerto de ingreso o cruza (la frontera) entre esos puertos, tiene el derecho de pedir asilo y que se escuche su caso”.

Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de la American University, habló en NTN24 sobre las implicaciones legales que enmarcan esta nueva normativa.

“Estas nuevas políticas públicas sobre la migración debilitan el derecho al asilo que es parte del derecho internacional (...) pensábamos que al finalizar el Título 42 se volvería a abrir la puerta para que las personas se presentaran en persona para solicitar asilo y no”, aseveró.