La Corte Penal Internacional publicó este viernes un informe en el que detalla que 8.900 presuntas víctimas avalan la continuidad de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

La Sección de Reparación y Participación de las Víctimas de la CPI, inició en diciembre de 2022 la recepción de formularios de denuncias por parte de presuntas víctimas y sus representantes legales, en un plazo que había sido fijado hasta marzo de 2023. No obstante, en ese periodo la VPRS recibió más de 2.000 querellas por lo que decidió extender el lapso hasta este 20 de abril.

En total recaudaron 1.875 que contabiliza 8.900 posibles víctimas, 630 familias y 2 organizaciones afectadas.

Detalla que 1.746 son formularios, 5 vídeos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos. Por otra parte, fueron enviados 25 vídeos en apoyo a las observaciones.
Los jueces de la CPI recibieron las opiniones e inquietudes de familiares de las víctimas, así como tutores y cuidadores, expresa el escrito.

Entre los señalamientos de las víctimas destacan la falta de disposición del gobierno de Nicolás Maduro para investigar y juzgar genuinamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades, las fuerzas de seguridad y los “colectivos” en el país.

Los crímenes de lesa humanidad mencionados en el informe son: asesinatos, encarcelamientos, privación grave de libertad física, torturas, tratos inhumanos, violaciones u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado y persecuciones por motivos políticos.

Las víctimas se incluyen a defensores de derechos humanos, jueces, fiscales, abogados, funcionarios, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios, voluntarios, profesionales de la salud, trabajadores del sector público y privado, estudiantes universitarios, profesores, ex policías y militares, diplomáticos, pensionados, periodistas, medios de comunicación, blogueros, usuarios de redes sociales, figuras políticas, miembros de partidos políticos, entre otros.

Sin embargo, el documento de 57 páginas no contiene ninguna información que identifique a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso, por lo que el régimen de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.

La máxima autoridad judicial informó que la Sala de Cuestiones Preliminares I dictará una decisión tras “examinar y evaluar detenidamente” todas las observaciones recibidas, incluidas las opiniones e inquietudes de las víctimas.

Informe Reparación y Partic...

Se venció la prórroga

Este jueves se venció la prórroga para que el gobierno de Nicolás Maduro pudiera dar respuesta al informe de la CPI en el que ratifica que “existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, y que son graves y exigen investigación y enjuiciamiento”.

El 1 de noviembre de 2022, el fiscal Karim Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorización para continuar con la investigación. Posteriormente, el 1 de marzo de 2023 recibió observaciones de Nicolás Maduro en la que pidió más tiempo para responder, la petición fue otorgada, pero el 31 de marzo el fiscal determinó que las “razones” del gobierno venezolano no aportaban nueva información.

Inmediatamente Maduro recriminó la parcialidad, lo que llevó a la Sala de la CPI a dar un nuevo plazo para que Venezuela responda mediante una réplica que no exceda 10 páginas. Sin embargo, no ha sido enviada la respuesta.