Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Alligator Alcatraz

Analistas explican impacto en el gobierno de Trump de orden judicial que exige el cierre del centro de detención Alligator Alcatraz

Programa: Club de Prensa
Los comunicadores Manuel Aguilera y Alex Segura analizaron la decisión tomada por la togada federal Kathleen Williams.

Una jueza federal en Florida, Estados Unidos, negó la petición hecha por la Casa Blanca de mantener abierto el centro de detención para migrantes ‘Alligator Alcatraz’ ubicado en el corazón de los Everglades.

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Según información suministrada por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a CBS News, la jueza federal Kathleen Williams exigió el cierre de la prisión.

En ese sentido, la jueza Williams ratificó que las autoridades cuentan con un plazo de 60 días para trasladar a los migrantes a otros sitios del país.

Manuel Aguilera, vicepresidente del medio de comunicación Canela News, así como el periodista Alex Segura analizaron este asunto en el programa Club de Prensa Miami de NTN24.

“Ha sido un espectáculo (la creación de esta cárcel) que les ha salido mal (al Gobierno de Estados Unidos). No se pidieron los permisos a su hora, no se han hecho las inspecciones necesarias y tampoco se han respetado los derechos humanos”, remarcó Aguilera.

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Por su parte, Segura, recalcó: “La jueza lo dejó claro, el gobierno no cumplió con los requisitos legales básicos”.

Aparte de su exigencia para clausurar ese centro penitenciario, Williams también prohibió que tanto la administración Trump como el gobierno estatal continúen con la construcción del centro de detención de migrantes.

“Dado que los demandados no aportan nuevas pruebas ni argumentos sobre la peligrosidad particular de la población detenida en las instalaciones ni sobre la necesidad de un centro de detención en este lugar concreto, el tribunal no repetirá aquí las deficiencias de las alegaciones de los demandados”, reza un documento firmado por la mencionada togada.

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La orden judicial, cabe agregar, también responde a una demanda en la que se cuestiona el impacto ambiental que la instalación podría tener.

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