Congreso de El Salvador aprueba juicios colectivos a presuntos pandilleros

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Congreso de El Salvador aprueba juicios colectivos a presuntos pandilleros

La norma ordena el sometimiento de varios imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita.

El Congreso de El Salvador anunció este miércoles que los pandilleros que sean detenidos van a ser juzgados colectivamente, lo que conducirá a que grupos de al menos 900 reos enfrenten un mismo juicio.

La norma ordena "el sometimiento de varios imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción", según el decreto aprobado.

"No hay nada parecido en la historia del mundo de lo que estamos enfrentando nosotros ahora mismo. Son más de 900 imputaciones por clica (célula) lo que presenta este decreto transitorio", señaló el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Dicha "disposición transitoria" fue aprobada con los votos de 67 diputados aliados del presidente Nayib Bukele, de 84 en total.

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La norma, que nació de una iniciativa de Buleke, también establece que los detenidos bajo el régimen de excepción pueden permanecer presos hasta 24 meses antes de que la Fiscalía los lleve a juicio u ordene su liberación.

Tras la decisión, el vicepresidente del Congreso, Guillermo Gallegos, explicó que "con la disposición la Fiscalía no tendrá que presentar pruebas individuales en contra de los pandilleros en un proceso judicial penal".

"Eso facilitará a la Fiscalía y a los tribunales el juzgamiento de los delincuentes pandilleros", dijo el legislador.

Además, la Fiscalía podrá "utilizar en un proceso judicial los mismos elementos de prueba en contra de un grupo de pandilleros cuando éstos pertenezcan a una misma célula, operen en una misma zona geográfica o que hayan participado en un mismo hecho delictivo", añadió.

Por su parte, el diputado opositor Jaime Guevara, del izquierdista Frente Farabundo Martí, criticó la nueva norma al considerar que "solo busca resolver el colapso que tiene el sistema judicial por las miles de capturas en el régimen de excepción", que suman casi 72.000.

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