Departamento de Justicia de EE. UU. autoriza al régimen venezolano pagar defensa de Maduro y su esposa bajo dos condiciones: esto dice el documento oficial
El Departamento de Justicia autorizó en las últimas horas al régimen venezolano pagar la defensa de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores con fondos públicos.
No obstante, el documento oficial, al que tuvo acceso NTN24, menciona ciertas condiciones para que el régimen venezolano pueda girarles dinero a los abogados del dictador y su esposa.
El documento, que lleva la firma del fiscal de Estados Unidos, Jay Clayton, señala que “la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha emitido licencias enmendadas para los abogados de los demandados Nicolás Maduro Moros y Cilia Flores”.
En ese sentido, se indican explícitamente ciertas condiciones bajo las cuales el régimen puede destinar fondos públicos para defender a Maduro, capturado en Estados Unidos junto con su esposa el pasado 3 de enero.
El documento oficial establece que los pagos autorizados únicamente se pueden realizar “con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026”. Es decir, solo podrá destinar recursos obtenidos bajo la estricta presión de Estados Unidos después de la captura de Nicolás Maduro, por lo que recursos de 2025 o anteriores no podrán ser utilizados para dicho propósito.
A su vez, el documento establece que los pagos autorizados no pueden provenir de “Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”, lo cual significa que no podrán utilizarse recursos de las ventas de petróleo que regula Estados Unidos desde la captura de Nicolás.
“Las licencias enmendadas autorizan a los abogados defensores a recibir pagos del Gobierno de Venezuela bajo ciertas condiciones, incluyendo las condiciones de que (i) los pagos autorizados se realicen con fondos disponibles para el Gobierno de Venezuela después del 5 de marzo de 2026; y (ii) los pagos autorizados no provengan de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros, según se define en la Orden Ejecutiva 14373 del 9 de enero de 2026”, dice el escrito presentado ante el juez Alvin K. Hellerstein, encargado del caso contra Maduro y su esposa.
En febrero pasado, el abogado de Maduro, Barry Pollack, solicitó al juez federal de distrito Alvin Hellerstein, con sede en Manhattan, que desestimara el caso porque las sanciones de Estados Unidos impedían al régimen venezolano pagar sus honorarios legales.
Pollack afirmó que esa prohibición constituía una violación de los derechos de Maduro, amparados por la Constitución de Estados Unidos, a contar con el abogado de su elección.
Hellerstein declaró en una audiencia judicial celebrada el 26 de marzo que no tenía intención de desestimar el caso, pero se mostró escéptico respecto a que el Gobierno de Donald Trump estuviera justificado al bloquear los pagos.
El fiscal Kyle Wirshba afirmó ante el tribunal que las sanciones estadounidenses que bloquean los pagos se basaban en intereses legítimos de seguridad nacional y política exterior. Wirshba también señaló que Hellerstein no podía ordenar al Departamento del Tesoro que modificara sus sanciones porque el poder ejecutivo, y no el judicial, es el encargado de la política exterior.