Exjefes de Estado que integran IDEA piden tomar acciones legales contra Maduro tras informe de la ONU

Al menos 23 exjefes de Estados que integran la organización Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA) manifestaron este viernes su respaldo al reciente informe de la ONU que da cuenta de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Venezuela bajo la anuencia del régimen de Maduro.

LEA TAMBIÉN: “Convénzase con hechos y no con basura escrita”: Régimen a Bachelet tras ratificar violaciones de DD. HH.

“Acompañamos el pedido de la Misión del Consejo de Derechos Humanos en cuanto a que, habiendo determinado la presunta participación tanto del presidente Maduro como  de sus  ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, quienes ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados y ejecutados por sus órganos de seguridad e inteligencia, los “Estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados, de conformidad con su legislación interna pertinente”, reza parte del documento.

De igual forma, solicitan a la Corte Penal Internacional “cumplir con sus deberes” frente a las víctimas del régimen.

A continuación, el comunicado íntegro:

DECLARACIÓN SOBRE LOS CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA

Los exjefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, a propósito del Informe de la Misión Independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela, en el que se describen y documentan las prácticas sistemáticas de violaciones agravadas de derechos humanos, constitutivas algunas de crímenes de lesa humanidad y como políticas de Estado ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro, considera un deber imperativo señalar lo siguiente:

- La misión, luego de documentar 223 casos individuales y examinar 2.891 violaciones de derechos humanos que les mostrasen sus patrones, precisa que tiene motivos razonables para creer y sostener que han ocurrido “asesinatos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes – incluyendo violencia sexual y de género – como desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias”, dejando como víctimas a centenares de venezolanos, civiles y militares; sin contar, pero refiriéndola, la diáspora de más cinco millones que han sido obligados a emigrar bajo el contexto represor imperante.

- En los casos de los presos políticos y militares, describe la Misión que “constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos, como fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica. Y, arguyéndose la lucha contra la delincuencia, el régimen también puso en marcha operaciones militares y otras de “liberación humanista del pueblo”, que dejaron como saldos la Masacre de Barlovento y la ejecución extrajudicial de 4.681 personas en su mayoría sin antecedentes penales.

- Las violaciones documentadas en el Informe de la Misión de la ONU, según su texto, se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho en Venezuela, el debilitamiento de los mecanismos de rendición de cuentas democráticos, judiciales e institucionales, dando lugar a la creciente impunidad que exacerbó las violaciones y constatándose que en las mismas, además de autoridades militares y policiales, participaron activamente jueces y fiscales del Ministerio Público comprometidos con el régimen.

a) En consecuencia, acompañamos el pedido de la Misión del Consejo de Derechos Humanos en cuanto a que, habiendo determinado la presunta participación tanto del presidente Maduro como  de sus Ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, quienes ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados y ejecutados por sus órganos de seguridad e inteligencia, los “Estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados, de conformidad con su legislación interna pertinente”.

b) Al igual que la Misión, instamos a la Corte Penal Internacional a cumplir con sus deberes, frente a las víctimas, de justicia y reparación oportunas.

25 de septiembre de 2020

Óscar Arias, Costa Rica

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Laura Chinchilla, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Eduardo Frei, Chile

Vicente Fox Q., México

Felipe González, España

Lucio Gutiérrez, Ecuador

Osvaldo Hurtado L., Ecuador

Luis Alberto Lacalle H., Uruguay

Mauricio Macri, Argentina

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Ernesto Pérez Balladares, Panamá

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Julio María Sanguinetti, Uruguay

Luis Guillermo Solís Rivera, Costa Rica

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paragua