Fiscalía de Colombia pagará millonaria multa a actriz por divulgar información íntima
La Fiscalía de Colombia fue condenada a pagar más de 520 millones de pesos colombianos (110.000 dólares) por filtrar información confidencial de la actriz Carolina Sabino cuando iniciaron una investigación en su contra por un caso de aborto.
Además, el ente acusador tendrá que ofrecerle disculpas públicas a la artista por daños y perjuicios causados cuando, en 2015, se filtró información confidencial del aborto por el que la querían imputar.
El caso sucedió en 2015 cuando la Fiscalía, dirigida en ese momento por Eduardo Montealegre, investigaba a Andrés Fernando Sepúlveda, alias ‘El Hacker’, por sus implicaciones en saboteos al proceso de paz del Gobierno de Juan Manuel Santos con las Farc.
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Las autoridades estaban escuchando las conversaciones telefónicas que habían sido interceptadas del acusado y terminaron oyendo un audio de una charla que Sepúlveda sostenía con su pareja, la hermana de Carolina Sabino, en la que ella decía que la artista había abortado.
Funcionarios de la Fiscalía decidieron iniciar una investigación en contra de Sabino por lo que consideraron un delito, pero se equivocaron divulgando información personal a los medios de comunicación y terminó siendo público su caso.
Ante esta situación, Sabino acudió a la justicia para exigir una reparación por daños y perjuicios ante el mal proceder del ente acusador y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló a su favor.
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De acuerdo con el tribunal, la Fiscalía no tuvo en cuenta el derecho a la intimidad de la salud sexual y reproductiva de la actriz, así como tampoco el derecho a la información.
Además, le recordó al ente acusador que los procesos deben ser reservados en la etapa de indagación y esto no se respetó.
Otro error fue el agravante que Carolina Sabino es figura pública, por lo que revelar información confidencial afecta su imagen, su honor y su intimidad.
La sentencian del Tribunal también ordena que la institución capacite a sus funcionarios en materia de derechos sexuales y reproductivos para las investigaciones vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo.