Fiscalía de Perú investiga a Dina Boluarte y al expresidente Castillo por lavado de activos y organización criminal
La Fiscalía de Perú anunció que ampliará la investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo, por presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal.
De acuerdo con el Ministerio Público de Perú, los delitos por los que están siendo investigados los políticos peruanos corresponderían a supuestos aportes ilegales durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2021.
“La primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal”, señaló el organismo por medio de Twitter.
Richard Rojas, fiscal del caso, fue quien tomó la decisión luego de que el exasesor de Castillo, Henry Shimabukuro, declarara este martes ante el ente acusador y señalara tener pruebas de que Boluarte tenia conocimiento de las supuestas irregularidades de la recolección de fondos durante la campaña electoral de 2021.
Tanto Boluarte como Castillo y Shimabukuro están siendo investigados por este caso desde octubre de 2021 cuando surgieron las primeras denuncias del supuesto financiamiento ilegal, para ese entonces Pedro Castillo era presidente de Perú, mientras que Dina Boluarte era vicepresidenta de la nación.
Según los medios locales, el exasesor de Castillo entregó a la Fiscalía varias pruebas que sirven para el caso entre ellos audios, fotografías y conversaciones de WhatsApp en donde se puede evidenciar la intervención de Dina Boluarte.
La Fiscalía anuncia la ampliación de la investigación contra Boluarte, Castillo y Shimabukuro, dos días antes de que el Congreso de Perú debata este jueves la moción de vacancia contra Boluarte, propuesta por congresistas de izquierda.
Para que la noción de destitución contra la mandataria peruana pueda llevarse a cabo, se necesitan 52 votos y la izquierda actualmente solo cuenta con 35.
No obstante, no es la única investigación que la presidenta de Perú tiene abierta en la Fiscalía, ya en enero, se presentó otro caso en su contra por el presunto delito de “genocidio” por la feroz represión que se dio contra los manifestantes durante las protestas que se estallaron en diciembre de 2022, mes en que asumió el cargo como jefa de Estado tras la destitución de Castillo.
Aproximadamente 49 civiles murieron en los enfrentamientos, al igual que siete uniformados durante el contexto de las manifestaciones contra el Gobierno de Boluarte y donde los ciudadanos pedían el cierre del Congreso, además del adelanto de las elecciones presidenciales.
Dina Boluarte ejerció como vicepresidenta de Perú hasta el pasado 7 de diciembre, luego de que el Congreso de Perú destituyera al expresidente Castillo de su cargo por el intento de golpe de Estado.
Pedro Castillo se encuentra actualmente detenido, luego de que el pasado 9 de marzo el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de Perú le impusiera 36 meses prisión preventiva por ser el presunto líder de una organización criminal.
“El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, señaló el ente en su cuenta oficial de Twitter.
Durante una audiencia virtual, el juez supremo Juan Carlos Checkley decidió aceptar la petición de la Fiscalía de imponer 36 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo quien es investigado por corrupción.
Asimismo, personal de la Fiscalía de Perú y efectivos de la Policía Nacional allanaron el pasado 23 de marzo, la casa del ex primer ministro peruano Aníbal Torres en el marco de la investigación por el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre de 2022.
Uriel Terán, fiscal a cargo del caso, junto con un grupo de policías registraron la residencia de Torres ubicada en el distrito de San Isidro en Lima, luego de que Juan Carlos Checkley, juez del Tribunal Supremo, aprobara la orden de allanamiento, según comentó el medio ‘El Comercio’.