Fiscalía ecuatoriana allana empresa de alcalde investigado por entramado de corrupción
La Fiscalía de Ecuador allanó este martes instalaciones de una empresa propiedad del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, como parte de una investigación por un supuesto comercio ilegal de combustibles subsidiados.
El ente acusador "ha realizado un operativo en mi empresa para recabar información dentro del marco de su investigación. Nuestra posición es de total apertura para que hagan su trabajo, con la confianza de que actuarán con técnica y justicia", escribió Álvarez en su cuenta de la red social X.
En la misma plataforma, la Fiscalía señaló que realizó siete allanamientos en las ciudades de Guayaquil y Milagro, ambas en la provincia de Guayas (suroeste).
El organismo indaga un presunto delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización y distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, que se sanciona hasta con tres años de cárcel.
La investigación inició a raíz de una denuncia de la Agencia de Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables contra las empresas identificadas como Fuelcorp y Copedesa, esta última propiedad de Álvarez y su familia.
Según la denuncia, la cantidad de combustibles subsidiados despachada por la estatal Petroecuador a las firmas no coincide con su volumen de facturación.
En el caso denominado "Triple A", la Fiscalía levantó indicios como "computadoras, documentos, facturas y dispositivos electrónicos" de la empresa de Álvarez, del opositor partido Revolución Ciudadana y afín al expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017).
El alcalde señaló que "no hay nada que ocultar ni nada que temer".
Hace dos semanas, el mandatario Daniel Noboa, quien sostiene una guerra contra la corrupción y el crimen organizado que atemoriza a la nación, dijo en una entrevista radial que una prima de Correa estaba encargada del control de venta de combustibles subsidiados por el estado y que se había detectado que 8.000 vehículos repostaban hasta 28 veces al día.
El 28 de junio, el precio de la gasolina de 85 octanos (el segundo combustible más utilizado después del diésel) se incrementó en 11%, pasando el galón (3,8 litros) de 2,46 a 2,72 dólares. Esa decisión del gobierno, que así eliminó subsidios por 644 millones de dólares, derivó en leves protestas sociales.