Policía Nacional es la más letal en Venezuela: En 2022 hubo más de 800 ejecuciones
La organización “Lupa por la vida” publicó un informe en el que denuncia que durante el año 2020 se registraron 824 ejecuciones extrajudiciales, en manos de policías y militares en Venezuela.
La investigación cuenta con una base de datos elaborada conjuntamente con la Fundación Centro Gumilla (Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) de la Compañía de Jesús en Venezuela) y Provea.
La ONG destaca que en el país se mantiene una política de violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida. Además, señala que la Policía Nacional Bolivariana, actualmente es el cuerpo de seguridad más letal.
“Se le atribuyen 96 víctimas, equivalente al 24% del total nacional. Todo esto a pesar de que en julio de 2021 se anunció un proceso de reestructuración del cuerpo para que adoptaran prácticas respetuosas en DDHH”, precisa el documento.
Las policías estadales son las segundas que más producen muertes, con 193 asesinados. Las policías más letales son las Carabobo (49), Zulia (41), Aragua (22), Yaracuy (17) y Portuguesa (12).
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) con 129 presuntas ejecuciones extrajudiciales (16%). 111 en manos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 21 ejecuciones por actuación del Comando Nacional Antisecuestro (CONAS), 12 por el componente Ejército y 2 por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
Advierte que el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, con las llamadas “Operaciones Trueno” repite las prácticas de las cuestionadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) que se desarrollaron desde julio 2015 hasta 2017, con la perpetración de presuntos crímenes de lesa humanidad.
“Se toman policial y militarmente áreas geográficas de poblaciones pobres, donde se realizan allanamientos masivos, sin orden judicial, y se producen numerosas detenciones arbitrarias,” denuncian y aseguran que estos procedimientos operan altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la planificación y conducción.
Al mismo tiempo, explica que la justicia venezolana no manifiesta tener voluntad de investigar a los responsables de los crímenes.
“La impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen. Dicha impunidad es también una política de Estado”.
Apunta que de las 824 personas asesinadas, sólo 501 (61%) pudieron ser identificadas, mientras que 323 (39%) no fueron reconocidas. En cuanto a género, 806 (97,82%) fueron hombres y 18 (2,18%) mujeres.
En promedio, 66% las víctimas comprendían edades entre los 18 y 30 años.