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A unos 176 kilómetros de Caracas (unas cinco horas de viaje), se encuentra la peligrosa cárcel de Tocuyito, en el estado Carabobo, el penal donde el régimen de Nicolás Maduro habría trasladado este lunes a varios presos políticos que permanecían arrestados en calabozos de la ciudad capitalina.

Sin órdenes judiciales ni las debidas notificaciones a familiares, este accionar se suma a las violaciones de derechos de los detenidos, cuyos parientes ahora deberán sortear los retos económicos y la distancia a la hora de visitarlos.

"Una vez más, las familias quedan sometidas a una profunda incertidumbre, desconociendo las razones del traslado, las condiciones en que se produjo y, en muchos casos, el paradero inmediato de sus familiares. Esta práctica no solo vulnera el derecho de las personas privadas de libertad a mantener comunicación con sus seres queridos y con su defensa legal, sino que también incrementa el riesgo de malos tratos, aislamiento forzado y situaciones que pueden comprometer su salud y su vida", alerta la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).

Una escena que se vivió nuevamente este 8 de diciembre, cuando varios detenidos con el cabello rapado y usando uniformes amarillos, fueron subidos a un bus y trasladados arbitrariamente.

En mayo de 2025 el Instituto Casla denunció la instauración en Venezuela de un "'Estado terrorista', donde el terror es utilizado como política pública para anular la disidencia, silenciar opositores y mantener el poder a través del sometimiento", donde El Helicoide, Tocuyito y Tocorón se convirtieron en los centros penitenciarios con mayor número de presos políticas.

Tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2024 y en medio de las mayores olas represivas ejecutadas por el chavismo, Nicolás Maduro alistó en tiempo récord los penales de Tocuyito en el estado Carabobo y Tocorón en Aragua, como dos cárceles de máxima seguridad para albergar a manifestantes detenidos durante las protestas.

La alarmante cifra de detenciones fue mayor a 2.000, incluyendo más de 200 menores de edad. A la mayoría les imputaron delitos de "terrorismo, incitación al odio y escarnio en la vía pública". Solo el primer día de protestas postelectorales hubo más de 700 arrestos y el régimen habilitó canales entre vecinos para delatar "sospechosos" en lo que se llamó 'Operación Tun Tun'.

En Tocuyito además de las serias violaciones de derechos humanos que han sido denunciadas, tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas privadas de libertad, también se han registrado los fallecimientos de los presos políticos Oswual González y Jesús Rafael Álvarez, dos de las 25 muertes bajo custodia denunciadas en los últimos 20 años.

Innumerables veces los activistas, ONG y familiares han exigido el respeto al Debido Proceso, derecho a las visitas, la designación de abogados privados en vez de defensores públicos y garantías de alimentación de sus parientes detenidos, un clamor que pocas veces ha sido atendido.