Régimen allana la vivienda de la activista Rocío San Miguel
En horas de la noche de este miércoles, los abogados de la activista de los derechos humanos, Rocío San Miguel, denunciaron el allanamiento a su vivienda en Caracas.
San Miguel se encuentra recluida en la sede del Sebin en el Helicoide, mientras que González de Canales está en el Dgcim, ambos en detención preventiva mientras avanzan las investigaciones por la trama ‘brazalete blanco’.
El abogado Joel García confirmó que fue un allanamiento la visita de funcionarios de la Dgcim a la residencia, luego de que el también integrante del equipo defensor, Juan González, indicara que el procedimiento se trataba de una "incautación judicial preventiva".
“Lo único que localizaron fueron 20 mapas de Venezuela con algunas zonas de seguridad que obedecen cuando Rocío San Miguel era docente de Altos Estudios Militares. Todos los mapas eran del siglo pasado”, remarcó.
En el proceso de allanamiento estaba presente un fiscal del Ministerio Público, quien presentó con una orden legal, y dos vecinos del conjunto residencial fungieron como testigos.
Joel García adelantó que la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, al igual que su expareja Alejandro González De Canales, se encuentran en buen estado de salud.
Rocío San Miguel está, según el fiscal, detenida en el Sebin El Helicoide de Caracas, tras haber sido detenida y presentada ante un tribunal antiterrorismo, en el que se le imputaron los delitos de conspiración y terrorismo, dos de los delitos más graves en Venezuela.
Sin embargo San Miguel no tuvo el derecho a la representación de un abogado y fue obligada a aceptar una defensa pública.
Distintas organizaciones dentro y fuera de Venezuela denunciaron su caso como desaparición forzada, algo que el fiscal considera una "campaña atroz" contra el sistema judicial del país.
A juicio de Saab, luego de él haber informado que San Miguel estaba detenida, no se considera desaparición.
También detuvieron a la expareja de San Miguel, Alejandro Gonzáles, un militar retirado de la Fuerza Armada, de entregar información de Estado a Rocío.
Él fue llevado al temido centro de torturas DGCIM, en Boleíta, al este de la capital venezolana.
El allanamiento se produce cuando se determina que son propiedades para financiar el terrorismo.
El régimen lleva a cabo una ola de detenciones bajo el nombre de "Furia Bolivariana", bajo la excusa de un supuesto plan conspirativo develado en diciembre pasado, por el que ha señalado a exmilitares, políticos, activistas y periodistas.