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Una jueza condenó a un adolescente pelotero, panadero y estudiante en Venezuela a 10 años de prisión —6 de cárcel y 4 de trabajo comunitario— por supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas.

Según sus familiares y defensores, no hubo "ni una sola prueba sólida que sustente las acusaciones contra Gabriel José Rodríguez Méndez, a quien se señaló de cerrar vías públicas en protestas contra el régimen.

La sentencia fue dictada por la jueza Dayana Castillo, del Tribunal Segundo de Juicio de Responsabilidad Penal de Adolescentes con competencia nacional, con sede en Caracas.

Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Gabriel es estudiante, pelotero, aprendiz panadero. "Al momento de su detención cursaba el quinto año de bachillerato y soñaba con graduarse junto a sus compañeros. Fue detenido arbitrariamente el 9 de enero, sin orden judicial, únicamente por su apariencia y vestimenta deportiva, bajo el prejuicio de tener "pinta de guarimbero". ¿Desde cuándo vestirse con ropa deportiva es un delito?".

Agrega que durante su reclusión, Gabriel enfermó gravemente con infección pulmonar, fiebre, llagas bucales, además de ansiedad y depresión, afectaciones que "constituyen una violación a su derecho a la integridad personal, protegido por el artículo 32 de la LOPNNA".

"Aun así, con enorme esfuerzo personal y apoyo familiar, logró culminar su bachillerato estando privado de libertad y fue admitido para iniciar estudios de Ingeniería Civil en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), demostrando quién es realmente y lo que este sistema pretende destruir".

Esta sentencia, denuncia, "viola de forma flagrante el principio del interés superior del niño (artículo 8 de la LOPNNA), que obliga al Estado a priorizar la protección, educación y desarrollo integral de los adolescentes por encima del castigo. También vulnera el derecho a la libertad personal (artículo 33), al derivarse de una detención arbitraria, y el derecho a la educación (artículo 37), al interrumpir y obstaculizar su proyecto académico y universitario".

Asimismo, el proceso desconoció el derecho de Gabriel a ser oído y a una defensa efectiva (artículo 78 de la LOPNNA), al judicializarlo como adulto, con motivación política, negarle defensa de su confianza, excluir a sus padres de audiencias y sostener la acusación con testigos que nunca comparecieron.

La imposición de 10 años de sanción viola abiertamente el principio de que la privación de libertad debe ser el último recurso y por el tiempo más breve posible (artículo 87), así como la finalidad educativa y de reintegración social de las sanciones en el sistema penal adolescente (artículo 90).

Imponer penas por terrorismo a un adolescente, sin pruebas, basada en un prejuicio político, es desproporcionado, ilegal y contrario a la LOPNNA y a los estándares internacionales de derechos humanos. Esta condena no educa ni protege: castiga, estigmatiza y destruye proyectos de vida.

La ONG llamó a la sociedad venezolana a no normalizar esta barbarie, a alzar la voz por Gabriel y por todos los adolescentes criminalizados por ser jóvenes, pobres y visibles. "Llamamos a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a observar y actuar: condenar a un niño por terrorismo es una forma de violencia de Estado".

Expresó solidaridad y compañía a la familia de Gabriel, "para que no se sientan solos y encuentren la fuerza necesaria para seguir defendiendo la verdad, la justicia y la dignidad, frente a un sistema que intenta quebrarlos mediante el miedo y la injusticia. Estamos con ustedes y seguiremos luchando para que se imponga la verdad. No nos callaremos".

Exigen la "nulidad de esta sentencia, la libertad inmediata de Gabriel y el cese del uso del delito de terrorismo para castigar a adolescentes inocentes. Gabriel debe estar comenzando su carrera universitaria, jugando béisbol, trabajando y viviendo, no tras las rejas pagando por un crimen que nunca cometió".