Régimen dicta privativa de libertad a estudiante venezolano y lo vincula con seis sindicalistas sentenciados
El estudiante John Álvarez, que había sido reportado como desaparecido y encontrado en un calabozo policial del centro de Caracas, fue presentado ante un tribunal de la capital venezolana y dejado tras las rejas.
Jhon Kelvin Álvarez Peña, de 24 años, es estudiante de la escuela de Antropología de la UCV y tanto esa casa de estudios como varias ongs exigían que fuera puesto en libertad, por calificar la acción como arbitraria.
NTN24 informó en su momento que el joven es militante de Bandera Roja y según se supo de manera extraoficial, fue detenido con volantes con mensajes contra el régimen.
Pero el abogado Joel García, quien informó además de la detención que se le vinculó con los seis sindicalistas recientemente sentenciados a 16 años de prisión, acusados de encabezar un complot para derrocar a Nicolás Maduro y atentar contra otros funcionarios.
“A esta hora 9:00 pm, estamos saliendo de la audiencia de presentación del estudiante John Álvarez a quien le fue dictada medida privativa de libertad, por cuanto lo relacionan con los 6 dirigentes sindicales condenados”, dijo.
Los sindicalistas sentenciados en julio son Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Gabriel Blanco.
Fueron detenidos en distintos lugares del país, tales como Táchira, Yaracuy, Lara y Caracas, entre el 4 y el 7 de julio de 2022 por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), mediante allanamientos sin orden judicial.
Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés son dirigentes sindicales y militantes del partido político opositor Bandera Roja.
La acusación se hizo con el testimonio de un supuesto "patriota cooperante" del que no se presentó más que el nombre "Adalberto", y quien habría asegurado que "los compañeros iban a asaltar el conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, para buscar 120 fúsiles".
Además del supuesto asalto pretendían "secuestrar a los padres de Tarek El Aissami e iban a realizar actos de sabotaje en las actividades del 5 de julio donde estuviera Maduro".
Para sustentar esto, se mostraron en el tribunal mensajes en capturas de pantalla de teléfonos móviles sin mayor detalle.
Es por esto que la defensa calificó como aberrante la condena y acusan al Estado de usar todo tipo de artilugios para "limitar la libertad de expresión de los manifestantes y evitar que activistas sociales critiquen la gestión gubernamental".