Tuberculosis y desnutrición: Las principales causas de muerte de detenidos en Venezuela

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Tuberculosis y desnutrición: Las principales causas de muerte de detenidos en Venezuela

Cárcel / Foto referencia: AFP
La investigación de UVL, además destaca que el hacinamiento sigue siendo un gran problema del sistema penitenciario y judicial de Venezuela.

Una investigación realizada por la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL) reveló que la desnutrición y tuberculosis fueron las principales causas de muertes de detenidos en calabozos policiales venezolanos durante el año 2022.

De acuerdo a las cifras expresadas por la organización, durante ese año fallecieron 72 personas bajo custodia de cuerpos policiales del país, 42,31% a causa de tuberculosis, considerada como una de las enfermedades que se han vuelto enemigo público en los centros de detención preventiva.

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“Se refleja el estado de salud de los detenidos y detenidas que se encuentran en solo una muestra de los calabozos policiales del país, 72 personas, entre hombres y mujeres, murieron de tuberculosis y desnutrición durante el año 2022”.

La investigación además destaca que el hacinamiento sigue siendo un gran problema del sistema penitenciario y judicial de Venezuela.

“El hacinamiento se ubicó en 156,54% a finales del primer semestre y en 176,25% durante el segundo semestre del año”.

Para el 2022, en Venezuela había una población penal de 16.837 de y la muestra estudiada distribuidos en más de 500 retenes.

“Los detenidos recluidos en calabozos policiales también mueren al presentar patologías como: dificultades respiratorias, Covid-19, infartos, epilepsia y convulsiones”.

Una Ventana a la Libertad realizó la investigación al tomar como muestra 284 calabozos, lo que arrojó que casi la mitad de los detenidos estudiados están desnutridos. El organismo precisa que esto es consecuencia de que el Estado no garantiza el derecho a la alimentación.

“Se ha delegado esta responsabilidad en la familia de las personas que se encuentran detenidas. Esto sí es una flagrante violación del derecho humano a la salud y a la vida de parte del Gobierno Nacional”.

El estudio contó con la coordinación de la profesora universitaria, Magaly Huggins Castañeda y la coordinación operativa de la periodista Carol Carrero Marrero.


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