Víctimas durante las protestas en Venezuela: “La CPI no se puede parar, la justicia no se negocia”
Familiares y víctimas de la represión a las protestas en Venezuela del 2017 protestaron frente a la Fiscalía General de la República donde aseguraron que seguirán presionando para que la Corte Penal Internacional avance en la investigación de crímenes de lesa humanidad en el país.
Esto ante la nueva condición que hizo el régimen de Maduro a la mesa de diálogo sobre la crisis de Venezuela: que se cierren los procesos judiciales sobre violaciones a los derechos humanos.
Es por ello que este miércoles entregaron al Ministerio Público un informe escrito en el que exigen que se cumplan con el memorando de entendimiento entre el fiscal Karim Khan, de la Corte PI, y el Estado Venezolano.
El pasado lunes el jefe de la delegación del régimen ante los diálogo de Venezuela, Jorge Rodríguez, dijo durante el programa televisivo de Nicolás Maduro que uno de los puntos que exigen, para avanzar en los acuerdos con la oposición, es que se frenen los procesos judiciales sobre violación a los DDHH.
La Corte ha cerrado ya el ciclo de testimonios de presuntas víctimas de vulneración de los derechos en Venezuela, así como el lapso para que el Estado objetara el avance.
La CPI ha dicho que hay elementos para concluir que en efecto se cometieron crímenes de lesa humanidad durante la cruenta represión a las protestas del 2017 que exigían la renuncia de Maduro y que dejaron al menos 136 muertos.
Frente a la Fiscalía, los familiares de varios de los jóvenes fallecidos a manos de la represión militar, de la Policía Nacional y los colectivos armados del régimen, aseguraron que aunque algunos casos fueron llevados a juicio, en ninguno se ha señalado a los responsables intelectuales, o aquellos que dieron la orden de contener violentamente las protestas.
Es por eso que señalan que el Estado sigue actuando impunemente. “Solo se han señalado autores materiales, no se ha llevado a ningún responsable de cadena de mando; que son los responsables de los acontecimientos”, dijo Olga González, de la Alianza de Familiares y Víctimas.
“Nosotros necesitamos justicia, hay una investigación en la CPI y ellos no pueden pararla, ni si quiera aunque las víctimas digan que ya hay justicia. ¿Cómo pretenden parar una investigación? cuando no hay voluntad de darle justicia a los venezolanos”, agregó.
En la manifestación que se llevó a cabo en Caracas estaban familiares de víctimas de los estados Lara, Zulia, Bolívar, Monagas y Carabobo.
“No nos vamos a callar. Aquí sigue habiendo torturas, siguen ejecutando, seguimos y pedimos respeto para las víctimas, ya las victimas hablaron y la voz de las víctimas también tienen participación. Ya aportamos los relatos de violencia cuando casi habíamos perdido la esperanza los organismos internacionales nos la levantaron”.
“La justicia no se negocia”, repetían, “la CPI es autónoma e independiente, cosa que no conocemos en nuestro país y es normal”.