El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llega a sus primeros 100 días de gobierno con una popularidad floja de 38%, una economía en cuidados intensivos, un país dividido y relaciones diplomáticas peligrosas con China, Rusia e Irán. Es un tercer mandato que, de momento, no parece cumplir con las expectativas de seguidores y adversarios.
La economía es su peor enemigo. El líder del Partido de los Trabajadores no ha logrado consolidar los cimientos de las políticas fiscales y económicas de la nación. Los programas asistencialistas de antaño se han reducido y por ende su popularidad. Leales simpatizantes como el escritor Paulo Coelho le han dicho adiós, calificando su gestión como algo “patético”.
Un congreso controlado por opositores. Lula tiene que enfrentar un poder legislativo adverso y altamente polarizado. Está obligado a ser moderado a lo interno y hacer concesiones para cumplir con ambiciosas promesas de campaña. Echarle la culpa al gobierno anterior es una excusa que luce cada vez menos creíble.
Como aspectos positivos, el líder del Partido de los Trabajadores ha restaurado el dinamismo en las relaciones diplomáticas con países como Estados Unidos, Alemania y Francia. Ha encontrado puntos de gran coincidencia en la agenda climática, empoderamiento de mujeres, comercio y pueblos indígenas.
Errores de ajedrez geopolítico. Lula se ha alineado con el triángulo funesto de Rusia, China e Irán. Brasil apoya un plan de paz en Ucrania que según Zelensky es ilegal e inmoral. Además, abrió sus puertas a buques de guerra iraníes, pese a los cuestionamientos y preocupación de Estados Unidos.
La exitosa agenda climática. La participación de Lula en la Cumbre COP27 de Egipto marcó el retorno de Brasil como jugador clave en la agenda climática global. El combate a la minería ilegal, la protección al medio ambiente y atención a los pueblos indígenas han comenzado como un gran triunfo a nivel local e internacional. Sin embargo, necesitará más que eso para satisfacer las demandas sociales del país más grande de América Latina.
Lula llega al poder cosechando éxitos de la pasada administración de Bolsonaro que le dieron a Brasil la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la jefatura de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Por otra parte, la expresidenta Dilma Rousseff fue electa el mes pasado como la nueva presidenta del Banco BRICS, integrado por China, Rusia, India y Sudáfrica. Puestos significativos en el plano internacional en el cual Brasil quiere ser pieza clave.
En América Latina, Lula ha retornado a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Desde esta plataforma llamó a la unidad regional y pidió tratar con “mucho cariño” a las dictaduras de Cuba y Venezuela. Vergonzoso.
El presidente Lula ha mantenido una relación tibia y timorata con el régimen de Ortega en Nicaragua. Jamás ha condenado los crímenes de lesa humanidad y la persecución religiosa. Ha llamado a un diálogo constructivo y ha ofrecido ciudadanía a más de 300 desterrados. Todavía no se atreve a llamar a Ortega dictador.
Brasil está impulsando también un relanzamiento de la Unión de Naciones de América del Sur (UNASUR). El bloque regional se desmoronó en 2017, tras convertirse en un cónclave ideológico de izquierda, incapaz de atender temas de gobernabilidad, economía, seguridad o integración regional.
El presidente Lula llega a sus primeros 100 días con un sabor agridulce. Brasil ha cambiado y el mundo también. La prosperidad y el bienestar social prometidos no parecen estar por ningún lado. El reloj avanza.
La astucia política del exlíder sindical le ha permitido cierta armonía con los diversos poderes del estado e incluso con las fuerzas armadas, pero ha fracasado en grande en la agenda económica y social. Allí hay que estar atentos.
La división y la inconformidad en Brasil están a flor de piel y las protestas de enero pasado lo ratifican. Lula tendrá que valorar si sus ambiciones personales de ser un líder global no son un obstáculo para atender la agenda interna. Es un asunto de prioridades.