Le escuche decir a un muy lúcido experto global en cuestiones de inteligencia financiera, Mariano Federici, expresidente del Grupo Egmont, que la corrupción es, en la actualidad, multi frontal y polivalente, sobre todo desde cuando se coaliga con el crimen trasnacional organizado. Antes que manchar al Estado y a sus servidores, le comenté, ese morbo tomó en sus manos al mismo Estado. Mutó en poder institucional, socialmente normalizado.
El encuentro no pudo ser más propicio. Su sede, el naciente Institute for Freedom of The Americas del Miami Dade College, auspiciado por el Grupo IDEA y el Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid. Su audiencia, los primeros veintidós (22) fellows, líderes emergentes de España y las Américas cuyo I Programa coordina Julián Martín Obiglio, argentino, presidente de la Fundación Nuevas Generaciones. Su propósito, mostrarles a estos las condiciones estructurales de ese fenómeno social y culturalmente destructor y disolvente de la corrupción en el siglo XXI. Con el mismo coluden terceros Estados y sus gobiernos, creyendo poder domesticarlo.
La corrupción no es más la que describe la historia política de nuestros países. Esta vez forma redes complejas de poder, dentro de un ecosistema que sustituye a la meritocracia para privilegiar las lealtades. Venezuela, enhorabuena – digo enhorabuena por ser el más propicio laboratorio para la ejemplaridad – es el epígono.
En nombre del bien común la narco-corrupción ha acabado con el bien común y fracturado el principio de igualdad ante la ley; para lo cual, acaso en copia del modelo fascista de la mentira, lo primero que hizo a partir de 1999, en Venezuela, fue cooptar y controlar a los jueces para que estos, como lo explicaba en su tiempo Pierto Calamandrei, avanzasen más allá de la turbia ilegalidad y “simulasen la legalidad y el engaño, desde la legalidad organizada”.
El morbo de la corrupción es complejo, resultando limitado – lo advierte Federici – su clásico encasillamiento como caso criminal. De su valoración como índice dependen las decisiones de inversión extranjera e incide en el plano de lo macroeconómico. Tampoco basta limitarlo a una cuestión moral, sin que pueda excluírsele, sobre todo por su efecto social modelador. Su normalización adquiere ribetes culturales. ¡Roban, pero hacen y dejan hacer, se repite en no pocos estratos de América Latina!
Volviendo a lo de Venezuela, la mutación del antaño 10% con que los funcionarios de la Administración castigaban al contratista del Estado, en el 100% que hoy se reparte entre el corruptor y el corrompido sin que dejen obra pública o suministro visibles, explica que, Salvo Uruguay, Barbados y Canadá, los índices internacionales la reprueben, seguida de Nicaragua y Haití.
Se aceleran en su construcción global mecanismos que facilitan el lavado de dineros, mediante la combinación de negocios tradicionales con las nuevas tecnologías financieras – empresas de fachada, estructuraciones (smurfing), manipulación de facturas – y, a la par, crecen mecanismos refinados de inteligencia financiera; a un punto tal que, de sus seguimientos, cada día, se conocen más los trazados de los dineros de sangre, obra de actividades criminales estructuradas como las del terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.
La exposición que se alcanzó, con apoyo del periodismo de investigación independiente, en el caso Lava Jato, determinó conocer la llamada «corrupción sistémica» propiciada por la Odebrecht en toda la región. Causó el derrumbe de varios mandatarios y exmandatarios. Sin embargo, el problema central de la lucha contra la corrupción, como lo demuestra la experiencia, es su politización; tratándose incluso de una trama medularmente política.
Es política no porque la corrupción sea política, tal como lo predican los corruptores que dicen ser ajenos a los intereses políticos, sino porque afecta, dirían los griegos, al conjunto de la ciudad. Debilita la economía, las relaciones de convivencia, trastocándolas o transformándolas, la actividad cultural y hasta religiosa. “El alfarero con alfarero pugna, el artesano al artesano envidia, y lucha el pobre con pobre, y el poeta con poeta”, le dice Hesíodo a Perses, enseñándole sobre lo positivo, a saber, la emulación en ese choque; pero le advierte sobre lo negativo, como la envidia de lo ajeno que se vale de malos medios, como la corrupción de los jueces para disputarse los hombres las riquezas, o del robo para tomárselas por su mano” (Paul Mazon).
Los victimarios, así las cosas, cuando les toca ser víctimas de sus entuertos, denuncian al LawFare, a una supuesta e indebida criminalización de la política. Y huelgan los casos. De modo que, si nos ocupamos de lo sustantivo para resolver sobre el morbo que nos ocupa – entendiendo de imposible su eliminación – y a fin de atenuarlo hasta donde sea humanamente factible, cabe testear, sin agotarlos, al conjunto de sus ángulos polivalentes.
Primero que todo, resolver y evaluar a la corrupción como problema cultural. Lo peor ha sido la tolerancia social del corrupto y del corruptor. Debe analizarse la visión que se tiene del Estado. Es el botín, dentro de la perspectiva patrimonialista del poder que ha regido en las Américas.
Importa rescatar la independencia de los jueces, que no sólo han de ser competentes sino probos. Es algo crítico en el plano de lo institucional. La transparencia en la gestión pública ayuda. Asímismo, resolver sobre el financiamiento de la política urge. Ha sido la veta a través de la cual se infiltra, para hacer dependientes a los políticos, el entramado financiero y mediático. Fortalecer la alternancia en el ejercicio del poder y restablecer los balances entre los poderes, incluidos los contralores (¿quién controla al que controla?), evitará que el poder se siga corrompiendo.
La lista no se acaba y puede extenderse. Mas acabar con el paternalismo estatal y político, que mantiene bajo capitis diminutio al ciudadano, haciéndole irresponsable, pasivo beneficiario de las regalías públicas, es, lo creo, la condición del conjunto. Bien decía Federici que “la lucha contra la corrupción no es moral ni penal – que sí lo es – sino algo más importante, es una cuestión democrática y de seguridad nacional”.
Caben dos precisiones. Una, la de la citada cuestión democrática como experiencia cotidiana de vida, no reducida a lo electoral mayoritario. Las mayorías, presas de lo emocional, premian la opinión y no el programa real de un líder corrupto. La otra, la seguridad nacional no se ha de entender como la del Estado. El Estado es el que ha derivado en agente del poder criminal, al haberse separado o haber separado de su arquitectura a la nación, a la gente.
Que la corrupción acabó con la institucionalidad cabe predicarlo, tanto como que ella le abrió las puertas al crimen transnacional. Sin embargo, sostengo a pie juntillas que al debilitarse las bases espaciales y temporales de la institucionalidad global y la de los Estados, como consecuencia del quiebre epocal de 1989 – punto de ignición de las grandes revoluciones de la inteligencia – un nuevo marco, el de la virtualidad y la instantaneidad, hace añicos las ideas de soberanía y jurisdicción. Resta un descampado, proclive al uso de la fuerza unilateral y arbitraria por quien conserve algo de poder real y aspire a beneficiarse de la desconstrucción normativa. Lo hace USA en Venezuela.
El laboratorio de la revolución venezolana
Don Andrés Bello, en su Manual del Forastero editado en 1810, en Caracas, recuerda que “era el hallazgo del Dorado el móvil de todas las empresas, la causa de todos los males”. En 1817, desde Angostura, a la par de ordenar el secuestro y confiscar los bienes de los americanos y los españoles afectos al realismo, Simón Bolívar dispuso la adjudicación de esos bienes a los jefes, oficiales y soldados del llamado Ejercito Libertador.
Sobre ese telón de fondo, el mito de El Dorado y el del Cesarismo, el del salvador o padre bueno y fuerte, castigador que a la vez que administra el patrimonio común se cobra de este sus servicios, la corrupción genética de Venezuela regreso por sus fueros, pero mediando una falacia y un fraude.
Mientras los militares insurgentes de 1992 argumentaban lo que veían, es decir, la corrupción de sus superiores dentro de sus propios cuarteles, atrincherada como secreto de Estado, en la otra banda las élites financieras y empresariales, históricamente dependientes de los subsidios y el favoritismo gubernamental, resentían que el «Estado botín» no les cubriese más bajo su regadera. Toma cuerpo, así, un pacto fáustico, prorrogado hasta el presente, con sus excepciones conocidas.
Mirándola en retrospectiva, se incurrió en el error estratégico de colectivizar la lucha contra el peculado a partir de la Revolución de octubre de 1945. Sufrieron de la andanada todos, gomecistas, lopecistas y medinistas. Los militares, entre estos Marcos Pérez Jiménez, causahabiente del Ejercito Libertador, se sintieron burlados y preteridos por los civiles a quienes ofrecieron su concurso. Olvidaban que Bolívar, en la Angostura de 1819, pidió a su congreso constituyente crear un Senado vitalicio y hereditario integrado por los hombres de espadas, para que los venezolanos les quedasen siempre agradecidos.
Tras esa experiencia, en 1959, al forjarse el Pacto de Puntofijo, se corrige y focaliza el castigo en cabeza de los prohombres del régimen dictatorial. Se procura, por una parte, que el mundo militar acepte quedar sujeto a la autoridad civil electa por el pueblo; por la otra, se entiende que, más allá del acuerdo entre políticos y partidos, la estabilidad institucional habría de pender de la nación, de la misma gente y “sus intereses perdurables”. La confianza se asume, entonces, como el fundamento de la consolidación de la convivencia y para el desarrollo de una constitucionalidad estable, forjada por un liderazgo moral y moralizador. “La sinceridad política, el equilibrio democrático, la honestidad administrativa, y la norma institucional” serían las esencias de la voluntad de nación. La legitimidad era la clave.
Ahora bien, ¿que separa o que hace confluir la perspectiva histórica conocida y la que ahora avanza, llamada «estabilización económica», excluyente de la tríada «confianza-auctoritas-legitimidad» como necesaria para conjurar a la corrupción sistémica maridada con el narcoterrorismo, a partir de 1999?
La separa la tríada, y las emparenta, justamente, la idea reduccionista de los agentes externos involucrados y la misma dictadura, a quienes les basta, antes que la confianza – sigo a Pierre Rosanvallón – contar con una póliza de seguro contra riesgos. Nada más. La vida moral de los venezolanos les es indiferente. Medra una ejemplaridad en negativo.
Tras el 3 de enero de 2026 – miremos hacia atrás y a distancia de cuatro siglos – casi que se recrean las Capitulaciones de Madrid, cuando Carlos I, le entrega a la Familia Welser, banqueros de Augsburgo, los derechos para explorar, explotar y colonizar el territorio de la Pequeña Venecia el 28 de marzo de 1528.
El castigo del morbo de la corrupción, en suma, no es de dimensiones, como la del argentino Daniel Muñoz, exsecretario de los Kirchner, cuyo peculado de 80.000.000 de dólares lo invierte en unos apartamentos del Hotel Plaza, en Nueva York. Tampoco la de Tarek El Aisssami, que toma para si 23.000 millones de dólares del patrimonio petrolero de Venezuela o la del ministro Giordani, que en 2014 reconoce que se estafó al Estado con empresas de maletín, una suma de 25.000 millones de dólares. Tampoco es de impunidad, pues al presidente Carlos Andrés Pérez se le condena y expulsa del poder en un ajuste de cuentas de su propio partido, que se carga al andamiaje de la democracia dado el gasto por este de 250.000 dólares, para proteger a la democracia nicaragüense.
La lucha contra la corrupción ha de ser polivalente y multi frontal, pero sólo es posible con voluntad política, según Federici. Bajo un liderazgo confiable, agregaría, susceptible de modelar comportamientos. “El origen de la ética se halla en la admiración de ejemplares. Y los ejemplares no son simples personas buenas, son personas ‘supremamente excelentes’ y, por lo tanto ‘supremamente admirables’, afirma Zagzebski (Cit.Tras las huellas de Sócrates, 2024)