En la madrugada londinense del 24 de junio, el 'FT News Briefing' del Financial Times dio la exclusiva. Le siguió un artículo en la edición habitual del periódico: “Venezuela to reveal $240bn debt pile in world’s largest restructuring”. Literalmente, “Venezuela se apresta a revelar una pila de deuda de 240 mil millones de dólares en la reestructuración más grande del mundo”. Con ello se sitúa por encima del rango de 150.000 a 200. 000 millones estimados a priori por los acreedores.
Con una contracción de dos tercios del PIB desde 2012, que hoy no supera los 100 mil millones, la relación deuda-PIB excede el 200 por ciento. O sea, se sabe ahora que la deuda soberana de Venezuela equivale a dos productos; el mayor colapso económico en tiempo de paz jamás ocurrido. Un verdadero terremoto en las cuentas públicas, pues desmorona la estructura financiera y operativa del Estado. Ello es producto de un sistemático saqueo de 27 años que ha destruido la riqueza privada, empobrecido a la sociedad y erosionado la base fiscal.
Es metáfora, además de haber sido una perversa premonición, de lo que ocurriría apenas horas más tarde ese mismo día: dos terremotos reales, separados por menos de un minuto y con intensidades de 7.2 el primero y 7.5 el segundo. Las propias imágenes en redes sociales mostraban desde los primeros minutos una tragedia inmensa, inenarrable, magnificada por un Estado ausente, apto para abusar y reprimir al pueblo, nunca para protegerlo. Desde luego, el evento se explica por la naturaleza, la geología. Sus consecuencias se explican por una dictadura criminal en guerra permanente contra la población civil. Por algo se refieren a los “enemigos del Estado” en los textos militares.
De ahí que eso de “la mayor debacle en tiempo de paz” sea relativa. Ocurre que Venezuela no se halla bajo una entidad política tradicional, sino dominada por una estructura de crimen organizado transnacional llamada PSUV, dedicada a infligir sufrimiento y mantener a la población sometida. Dentro de ello se inscriben los crímenes de lesa humanidad debidamente documentados: asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tormentos, violaciones y torturas de carácter sexual, encarcelamientos por razones políticas y el uso de la desaparición forzada como táctica represiva. Todos ellos continuados y permanentes.
Pero agréguese también el hambre y la enfermedad como política de Estado, es decir, convertidas en armas en la guerra contra la población civil. En la Venezuela chavista no se alimenta ni se cura a quien piensa distinto. El gobierno ha negado la existencia de una crisis humanitaria y ha rechazado toda asistencia internacional en la materia, lo cual explica el éxodo de más de 8 millones de personas, el 25% de la población del país.
Hoy quizás deba tipificarse otro crimen de lesa humanidad: la denegación de ayuda humanitaria ante la catástrofe del terremoto. La ayuda internacional que de inmediato acudió masivamente a Venezuela —un total de 2.140 rescatistas y 128 perros— es evidencia de la reputación del régimen. El mundo sabe que no tiene la voluntad ni la capacidad de llevar adelante las tareas de rescate y aliviar el sufrimiento. Más bien lo contrario, según se reporta una vez más. La maquinaria pesada del Estado apenas fue trasladada a los lugares críticos, pues buena parte de ella está en tareas de explotación aurífera en la cuenca del Orinoco, otro saqueo de años.
El régimen impide el normal desempeño de los rescatistas internacionales, a quienes obliga a asistir a actos de propaganda, demorando así su tarea y dejando morir a tantos bajo los escombros. Es la lógica mafiosa de eliminar a los testigos. Desde el primer día, abundan los reportes de los rescatistas y de organizaciones de la sociedad civil que sostienen que las medidas oficiales dificultan la llegada de ayuda espontánea, impiden la organización de grupos de voluntarios, muchos de ellos sin más herramientas que sus manos desnudas, y reducen la capacidad de respuesta.
Entre tantos crímenes de lesa humanidad, el Estatuto de Roma debería incluir la corrupción, moneda de cambio habitual del régimen chavista. Pues la corrupción endeuda, lógicamente, pero también mata y lo hace indiscriminadamente. Los ingenieros independientes presentes en las zonas más devastadas dan cuenta de que en los proyectos de vivienda social—las “Misiones”—se utilizaron materiales de baja calidad, sin supervisión técnica adecuada y sin aplicación de normas antisísmicas.
Citan el conjunto habitacional “Hugo Chávez”, cerca del aeropuerto de Maiquetía, donde vivían 7 mil personas. De las 193 edificaciones originales, solo tres han quedado en pie. Otro crimen de lesa humanidad, siempre produciendo un sufrimiento deliberado, sistemático y generalizado. Ese es el verdadero legado de la "Revolución Bolivariana".