El 23 de abril último, oficiando como presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez anunció que la Ley de Amnistía había llegado “a su fin”. Su nombre oficial fue “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”. Aprobada en la Asamblea Nacional el 19 de febrero, solo estuvo vigente por dos meses. Rodríguez agregó que el gobierno seguiría recibiendo solicitudes de amnistía de quienes no habían sido beneficiados por dicha norma y que serían atendidos en otros espacios, sin más detalles sobre el punto.
Ante esta suerte de limbo legal, de inmediato se escucharon las voces de las organizaciones de derechos humanos. Rechazaron la decisión porque el texto de dicha norma no contempla su caducidad. Y porque, de acuerdo a la constitución—la propia constitución chavista—la derogación de una ley no es competencia del Ejecutivo. Es decir, una norma solo puede ser derogada por una ley de igual jerarquía dictada por la Asamblea Nacional o por un fallo de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
De ahí que calificaran la decisión como un acto de inseguridad jurídica violatorio de las competencias legislativas y judiciales, una intromisión que violenta la separación de poderes especificada en la constitución. Deja, además, casi 500 presos políticos en situación de vulnerabilidad, agravando el limbo legal en cuestión. No es menor el hecho que 43 de ellos son extranjeros y alrededor de 187 son presos políticos militares y policías, y que solo un pequeño número de uniformados fue alcanzado por el beneficio de la amnistía.
Ocurre que la supuesta “Ley de Amnistía”—que no legisla ni amnistía—ha sido parte de la ficción jurídica del chavismo; el “como si” bolivariano. La letra de la constitución consagra un sistema democrático; es decir, con separación de poderes, pesos y contrapesos, y amplios derechos ciudadanos. El Poder Legislativo legisla, el Ejecutivo promulga dichas leyes. El Poder Judicial determina la constitucionalidad y juridicidad de las normas emitidas.
En el papel se ve bonito. Allí se reproducen los rituales jurídicos habituales. Se crea un espacio social que puntualiza lo procesal, las asimetrías y jerarquías propias del derecho. Y también se utiliza un vocabulario que subraya, supuestamente, la neutralidad del proceso legal. Pero, no obstante, todo ello ocurre por fuera del derecho. Es ficción, una mera dramatización. Las diligencias judiciales hacen las veces de guion de dicha puesta en escena. Es el disfraz de un sistema judicial cuya única certeza es la injusticia y la arbitrariedad. Sería parodia si no fuera tan trágico.
En los hechos no es bonito, por cierto. El proceso está determinado de antemano; las sentencias judiciales se deciden en otro lugar, nunca en un tribunal. Son siempre decisiones políticas. Es que en Venezuela no puede haber justicia, ya que no existe instancia estatal alguna que sea independiente del Ejecutivo. El fiscal general, los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, el ministro de Defensa, los jerarcas de los cuerpos de policía, ejército e inteligencia, la directiva de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional Electoral, son todos ellos miembros del partido del gobierno. He allí una definición abreviada de un orden político totalitario.
Como admitió Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada y presidente de la Asamblea Nacional, a propósito de fusión del poder, en un infrecuente rapto de honestidad: "supéralo, perdónanos y vente", dijo a la diáspora. Pues eso es como decirles: “supera el exilio forzado, perdona los crímenes de lesa humanidad y vente a seguir padeciéndolos”. Pues en la juridicidad de los hermanos Rodríguez no hay “Memoria, Verdad, Justicia, Reparación, ni No repetición”. Es decir, no hay derechos humanos.