La foto que acompaña esta columna es de la sede de la OEA en Washington. Iluminado con los colores de Ucrania, como tantos hitos edilicios de muchas ciudades, las luces son un mensaje de apoyo a dicha nación. También ilustra la importancia que los países de la región le han dado a la invasión rusa, pues la tiene y no solo por solidaridad.
A fines de febrero pasado, 25 países del hemisferio firmaron una declaración condenando la invasión por ser violatoria de los “principios de respeto de la soberanía y la integridad territorial, así como a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza”, alentando la resolución pacífica de las controversias según lo consagra el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.
La declaración exhortó a Rusia a cumplir con el derecho internacional humanitario, especialmente en lo relativo a la protección de la población civil. Ello ante evidencia que indica la existencia de ataques deliberados contra la población ucraniana. Argentina, Brasil, Bolivia y Nicaragua no adhirieron al texto en cuestión.
Un mes más tarde el Consejo Permanente de la OEA adoptó una resolución exigiendo “el respeto de los derechos humanos y el cese inmediato de actos que puedan constituir crímenes de guerra”. Exhorta a Rusia a retirar sus fuerzas y equipos militares, y regresar al camino del diálogo y la diplomacia. La resolución fue aprobada por una amplia mayoría, con las abstenciones de Brasil, Bolivia, El Salvador, Honduras y San Vicente y las Granadinas.
La reunión convocó a representantes diplomáticos de la Federación Rusa y de Ucrania, ya que ambos son observadores permanentes de la OEA. La embajadora de Ucrania ante la Casa Blanca, Oksana Markarova, pidió retirarle a Rusia el status de observador. “No es solo nuestro país el que está siendo atacado, sino la base misma del mundo, el orden basado en normas de seguridad y la arquitectura del derecho internacional”.
Efectivamente, en sentido sistémico, la propia noción de “orden internacional” descansa sobre un conjunto de normas fundamentales del derecho internacional. Que un Estado no pueda devorarse a otro por el solo hecho de tener la capacidad de hacerlo—es decir, el respeto a la soberanía y la integridad territorial—quizás sea la norma cardinal de dicho sistema.
El funcionario de la misión rusa, Alexander Kim, rechazó las acusaciones, desacreditando la propia discusión de la crisis en el seno de la OEA por no tratarse de un tema de relevancia para la región. El mismo Luis Almagro respondió, afirmando que el mantenimiento de la paz internacional es competencia de los Estados de América.
“La guerra no es únicamente europea, Rusia debe detener su guerra de agresión”, afirmó, saludando que los países de la región se sitúen “a la vanguardia del derecho internacional”.
Al respecto, nótese que solo Bolivia y Brasil se abstuvieron en la declaración y la resolución, Nicaragua se abstuvo inicialmente pero el voto fue revertido, de manera temporal, por el embajador en disidencia Arturo McFields. Otros países se abstuvieron en uno u otro de los dos instrumentos, sin una explicación convincente de la inconsistencia. En el caso de Brasil, observadores le atribuyen la doble abstención a su dependencia con los fertilizantes rusos.
El caso de Bolivia ofrece una curiosidad adicional. Nótese que Rusia libra una guerra de agresión contra un país vecino bloqueándole el acceso al mar. Así lo indican las anexiones de Crimea y el Donetsk en 2014, los ataques devastadores a los puertos de Mariupol y Odessa en esta guerra de 2022 y la ocupación de grandes porciones de territorio en la costa meridional. No obstante, el gobierno boliviano—siempre alineado con Cuba y Venezuela, o en su defecto con México—no ha advertido el paralelo de Ucrania con su propia historia.
En definitiva, y más allá de fertilizantes, los gestos diplomáticos con Rusia de algunos países de la región no son triviales; son más que gestos. En diciembre y enero pasados Rusia amenazó con enviar tropas y equipamiento a Venezuela y Cuba, evocando explícitamente la crisis de los misiles de 1962. Una amenaza redundante, por cierto, ya que en Venezuela hay dos bases rusas operando desde 2018.
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También en enero, el canciller Lavrov reportó al Parlamento sobre acuerdos militares con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Cuba apoya el expansionismo ruso desde 2008, en la guerra contra Georgia, y 2014, en la anexión de Crimea, habiendo reconocido la pretendida soberanía de Rusia sobre la península.
El 22 de febrero, apenas días antes de la invasión de Ucrania, Rusia anunció un acuerdo para posponer hasta 2027 pagos de deuda cubana por valor de 2,300 millones de dólares. Al día siguiente llegó a La Habana Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal, cámara baja del parlamento, quien agradeció a Cuba por apoyar la independencia de las Repúblicas de Donetsk y Luhansk. Lo mismo se aplica a Nicaragua, que también apoyó la posición de Putin sobre dichas repúblicas y en relación a Ucrania en general. “Rusia solo se defiende”, declaró Daniel Ortega.
La trascendencia de estos acercamientos se refleja en los recientes pronunciamientos surgidos de las audiencias del Comité de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos. Para el Departamento de Estado, “Rusia amenaza con exportar la crisis ucraniana a las Américas, ampliando su cooperación militar con Cuba, Nicaragua y Venezuela.” Para la jefa del Comando Sur, “Rusia está aumentando su involucramiento en la región, ya que a Putin le gusta mantener abiertas sus opciones y tener relaciones en nuestro exterior más próximo”.
“Ukraine must win,” dice The Economist esta semana, y “debe ocurrir de manera decisiva”. Ello es imprescindible para detener el expansionismo ruso, revitalizar la causa de la democracia y reorganizar el orden y la seguridad europeas, nos dice. Imprescindible para Europa y más allá, digo yo aquí.
Pues todo ello tiene idéntica importancia en las Américas. Una victoria decisiva de Ucrania, y una América unida y solidaria con dicha causa, permitiría detener el expansionismo de Cuba y Venezuela, clientes de Rusia en la región. Ello serviría para revalorizar los proyectos democráticos, hoy debilitados. Lo cual, a su vez, otorgaría recursos y energías para extirpar al crimen organizado de la política, recuperando así la seguridad perdida.
El representante de Rusia fue por demás engañoso. Esta guerra es un problema muy cercano a las Américas.