A pocas horas de vencer el plazo dado por EE. UU., presentan procedimiento para revisión de inhabilitaciones de candidatos en Venezuela
Este jueves 30 de noviembre, fecha que había sido estimada como límite para ver avances en las inhabilitaciones políticas en Venezuela, el Gobierno de Noruega emitió un comunicado - que asegura han suscrito las partes - que presenta una ruta de revisión de las inhabilitaciones políticas, entre las que se encuentra la de la opositora María Corina Machado.
Machado resultó electa como líder indiscutible de la oposición en el proceso de primarias celebrado el 22 de octubre y no admite la validez de la inhabilitación política emanada de la Contraloría cuando era diputada.
Sin embargo, la ruta fijada en el acuerdo pone a los candidatos a acudir a las instituciones controladas por el régimen para resolver su situación política.
El comunicado establece que a los fines de implementar el acuerdo, “las partes han convenido el siguiente procedimiento para procurar la revisión de las medidas de inhabilitación dictadas por la Contraloría General de la República a diversas personas que aspiran postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del año 2024”.
Estas son:
Cada uno de los interesados acudirá personalmente ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia "para ejercer el recurso contencioso administrativo que corresponda contra la medida de inhabilitación dictada por la Contraloría General de la República, acompañada de una solicitud de amparo cautelar, en el lapso establecido desde el 1 de diciembre hasta el 15 de diciembre de 2023, en días continuos y sucesivos".
Además, fija que será "la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia quien se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo cautelar solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia, eficacia recogidos en la Constitución".
El jefe de la delegación de la oposición, Gerardo Blyde, recordó que ya hay una jurisprudencia, señalando el caso de Manuel Rosales.
La ruta presentada este jueves además establece que los inhabilitados "se abstendrán de incorporar conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado, en cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia".
"Cada uno de los interesados asume el compromiso de respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, cumplir con el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos y valores culturales, resguardar, proteger la soberanía, la nacionalidad, integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación, recogido en el artículo 130 de la Constitución".
"Se verán obligados a acatar en el marco constitucional la decisión del Tribunal Supremo que emane este recurso, rechazar cualquier forma de violencia en el ejercicio político, así como cualquier tipo de acciones que atenten contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela".
Y cierra con las siguientes consideraciones generales: "Este documento complementa y desarrolla las condiciones electorales convenidas en el Acuerdo Parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos. Suscrito entre las partes".