Congreso de Perú aprueba juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte
El Congreso de Perú dio luz verde la noche de este jueves al juicio político de destitución de la presidenta Dina Boluarte, ante la severa crisis de inseguridad que atraviesa el país.
La mayoría parlamentaria aprobó por mayoría las cuatro mociones de vacancia presentadas contra la mandataria de 63 años, alegando la "permanente incapacidad moral" de ejercer el cargo que asumió el 7 de diciembre de 2022, durante la sesión transmitida por el canal del poder legislativo.
Los legisladores peruanos fueron convocados el jueves a una sesión nocturna del Congreso para debatir si avanzaban con el proceso de destitución de la mandataria, una de las líderes más impopulares del mundo, horas después de que bloques políticos pidieron su destitución.
El cese como presidente de Perú de Boluarte se produce en un momento en el que el apoyo a su gestión desde el año pasado rondaba los mínimos históricos de un 2% y un 4%, según encuestas y cuando faltan unos meses para las elecciones presidenciales y para miembros del Congreso programadas para el 12 de abril del 2026.
Este juicio político de destitución podría sumar una nueva rotación de líderes en la nación andina, que ha tenido seis presidentes desde 2018. Cuatro exlíderes están tras las rejas.
Si Boluarte deja el cargo antes de que finalice su mandato en julio próximo, se espera que sea reemplazada por el presidente del también profundamente impopular Congreso peruano, José Jeri, pues Perú actualmente no tiene vicepresidente.
Legisladores de todo el espectro político presentaron este jueves cuatro mociones para destituir a Boluarte, la última de una serie de mociones hasta ahora infructuosas que surgen mientras el país se prepara para las elecciones del próximo abril.
Una primera moción, firmada por al menos 34 legisladores de varios partidos de izquierda y derecha, acusaba a la mandataria de presuntos actos de corrupción y de una incapacidad para administrar el país en medio de uno de los mayores climas de inseguridad ciudadana.
En una segunda iniciativa presentada por al menos 33 congresistas se afirmó además que el aumento de las extorsiones y el crimen estaba trayendo "consecuencias económicas" adversas para el país, con menor inversión privada y "fuga de capitales".
Otros dos bloques presentaron más tarde un pedido, de forma separada, mociones para abrir el debate de destitución, mientras que Boluarte ha negado todas las acusaciones en su contra.
Una quinta moción de vacancia presidencial es de Podemos Perú, pero su admisión no pudo ser debatida en la sesión del jueves.
Para que la moción avance, se requieren al menos 52 votos a favor antes de que se debata en una sesión separada, que decidirá si procede o no. Para destituir a Boluarte se necesitarían 87 votos. Boluarte también sería citada a defenderse.
Dos mociones, que citaban acusaciones de corrupción y un aumento de la delincuencia y la extorsión, fueron firmadas por 34 y 33 legisladores, respectivamente.
Algunos legisladores firmaron varias mociones, pero el último intento de destituir a Boluarte se destaca por la participación de los partidos conservadores que históricamente la han apoyado.
Entre ellos se encuentran Renovación Popular de Rafael López y Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Se espera que ambos sectores políticos se postulen a la presidencia en 2026.
"La única forma de avanzar es la vacancia de Dina Boluarte", había escrito la legisladora de izquierda Susel Paredes en una publicación en X, en la que compartió el documento. "Diversas bancadas coinciden y por eso ya se presentó la moción", acotó.
Dina Boluarte llegó al poder en diciembre de 2022 cuando su predecesor, el presidente Pedro Castillo, bajo quien se había desempeñado como vicepresidenta, fue derrocado y arrestado después de que intentara disolver el Congreso.
La destitución de Castillo fue respondida con meses de protestas generalizadas y letales, particularmente en comunidades rurales andinas e indígenas, y grupos de derechos humanos han acusado al Gobierno de Boluarte de usar fuerza excesiva para reprimir las protestas.
También se vio envuelta en acusaciones de enriquecimiento ilícito con activos no declarados y relojes Rolex. En julio, decidió duplicar su salario.