“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad”: Gobierno colombiano tras destierro de nicaragüenses

Daniel Ortega

“Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad”: Gobierno colombiano tras destierro de nicaragüenses

Daniel Ortega, el pasado 9 de febrero, desterró a 222 presos políticos que se encontraban en las cárceles de Nicaragua.

En un escueto comunicado, en el que se abstiene de hablar de presos políticos o de destierro, el gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, reaccionó este viernes a la liberación de 222 opositores nicaragüenses que se dio el pasado 9 de febrero.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia mencionó en la nota de prensa que sigue con atención las decisiones “del gobierno de la República de Nicaragua” con respecto a un "importante grupo de personas detenidas".

Considera, sí, un paso importante para el diálogo nacional, la decisión del pasado 9 de febrero de excarcelar a 222 ciudadanos y trasladarlos a los Estados Unidos gracias a la facilitación del gobierno estadounidense”, indicó la Cancillería colombiana.

El Gobierno se pronunció también sobre la decisión de Daniel Ortega de quitarle la nacionalidad nicaragüense a los 222 ciudadanos desterrados, así como a otros 94 opositores.

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“El Ministerio de Relaciones Exteriores expresa su preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos. (…) Estas medidas vulneran el derecho a la nacionalidad, contemplado en un conjunto de instrumentos jurídicos internacionales”, precisó.

En la mañana del 9 de febrero el régimen de Daniel Ortega dejó en libertad a 222 presos políticos que se encontraban en las cárceles de Nicaragua.  

Los detenidos fueron trasladados al aeropuerto internacional de Managua y posteriormente desterrados en un avión a Washington DC, Estados Unidos.  

El obispo nicaragüense Rolando José Álvarez, quien también iba a ser liberado, se negó a dejar su país y, posteriormente, fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel y pérdida de su nacionalidad por el régimen de Daniel Ortega. 

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Álvarez fue condenado por los supuestos delitos de traición a la patria, obstrucción de funciones, agravada desobediencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense, y difusión de noticias falsas.

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