Este martes inicia el juicio político contra el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso
Este martes 16 de mayo, el Congreso de Ecuador iniciará el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, un proceso que tomó fuerza en el órgano legislativo luego de recibir el apoyo de 88 diputados.
Con esta votación, la Asamblea Nacional determinó llevar a juicio político al mandatario, quien es acusado de presunto peculado por un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (FLOPEC) y Amazonas Tanker Pool.
Virgilio Saquicela, el reelegido titular de la unicameral Asamblea Nacional, dispuso a la secretaría general del Congreso que convoque a los parlamentarios a la sesión de juicio político que se instalará hacia las 10H00 locales (15H00 GMT) del martes.
Cabe destacar que la votación para decidir si se destituye al jefe de Estado podría tomar varios días y requiere de 92 votos a favor, es decir, las dos terceras partes del legislativo.
Dado el caso de ser apartado de su cargo, el Ejecutivo sería asumido por su vicepresidente Alfredo Borrero.
La oposición señala a Lasso de supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.
Puntualmente, al mandatario se le acusa de no haber ordenado en su administración la culminación de un acuerdo entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, el cual dejó pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.
En diálogo con NTN24, Héctor Muñoz, abogado y excongresista, analizó el juicio político contra el mandatario ecuatoriano y sostuvo que “es un panorama bastante hostil”.
“Está tan fraccionada la Asamblea Nacional que no veo que existan mayorías solventes, sino mayorías móviles”, agregó.
Por otra parte, cabe destacar que la Carta Magna de Ecuador también faculta al gobernante para disolver el Congreso por una sola vez y en los tres primeros años de gestión, y llamar a elecciones generales anticipadas para completar el período constitucional de cuatro años. Esa opción, conocida como 'muerte cruzada', es la que tendría Lasso para decretar antes de ser removido del puesto.